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Participación Ciudadana presentó su Décimo Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, cuyo propósito es analizar la decisión judicial que rechazó la solicitud de extinción de la acción penal en la causa contra Jean Alain Rodríguez y otros acusados.
El anuncio se realizó durante el Segundo Espacio de Diálogo Multisectorial sobre Integridad Pública, una actividad enmarcada dentro del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en Centroamérica y el Caribe (FEDACC III).
En esa mesa de trabajo se debatieron los desafíos que plantea el nuevo Código Penal para investigar y perseguir la corrupción, incluyendo las sanciones previstas, el decomiso de bienes, los efectos de la prescripción y las garantías constitucionales.
El informe destaca que el simple vencimiento del plazo máximo establecido por la ley no genera, por sí mismo, la extinción automática de la acción penal.
Según la entidad, los magistrados deben valorar aspectos como la complejidad del expediente, la actividad procesal de las partes, la conducta de los jueces y las causas que hayan originado retrasos.
El documento señala que, durante la etapa preliminar del proceso, se llevaron a cabo diversas audiencias y, a partir de entonces, se realizaron múltiples actuaciones ante diferentes tribunales.
Entre los motivos que originaron los aplazamientos se citan extensiones de plazos para garantizar el derecho de defensa, problemas de salud, recusaciones, recursos interpuestos, nombramiento de defensas técnicas, la fusión de expedientes y otras incidencias procesales.
El tribunal determinó que, aunque la causa excedió el tiempo legalmente fijado, no se constató una paralización injustificada atribuida a las autoridades judiciales que justificara la extinción de la acción.
Participación Ciudadana reconoce el derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable, pero insiste en que esa garantía debe equilibrarse con la complejidad de los procesos y el ejercicio del derecho de defensa.
La organización sostiene que los procedimientos deben orientarse a esclarecer el fondo del asunto, permitiendo la presentación y valoración de pruebas antes de que un juez dicte sentencia de culpabilidad o inocencia.
Asimismo, hizo un llamado a los órganos jurisdiccionales para que definan criterios uniformes y debidamente motivados respecto al plazo razonable y a la posible extinción de la acción penal.
Participación Ciudadana reiteró su compromiso de seguir vigilando los principales procesos de corrupción administrativa que se encuentran en los tribunales de la República Dominicana.
