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Santiago de los Caballeros.– La Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo en Santiago informó este miércoles que el proyecto del Presupuesto General del Estado para 2027 no indica de forma clara los recursos destinados a varias de las obras más importantes anunciadas recientemente por el presidente Luis Abinader para la zona, y exigió al Ejecutivo que precise las partidas, los montos y los plazos involucrados.
Durante la rueda de prensa organizada por la agrupación, el ingeniero Hamlet Otáñez, presidente de la Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo en Santiago, declaró que al inspeccionar la documentación presupuestaria disponible no se hallaron asignaciones específicas para cuatro de los compromisos que el mandatario dio a conocer en su visita de septiembre.
El presidente Abinader llegó a la ciudad, reveló obras, citó inversiones y estableció fechas. Ahora se le pide presentar el presupuesto que respalde esas promesas, pues la comunidad no puede sostenerse únicamente con declaraciones que acaparan los titulares mientras el dinero para ejecutarlas no aparece identificado con claridad.
El dirigente opositor puntualizó que la diferencia entre proclamar una obra y consignarla en el presupuesto no es una mera cuestión semántica, sino un aspecto esencial.
Una obra anunciada no equivale automáticamente a una obra financiada. Asimismo, una transferencia global a una institución no demuestra cuánto dinero recibirá un proyecto concreto. Si el Gobierno asegura que esas obras iniciarán en 2027, debe presentar el código presupuestario, el importe asignado, la fuente de financiamiento y el calendario de ejecución.
El análisis técnico elaborado por la organización indica que, en el caso de la ampliación del acueducto del Cibao Central, cuyo costo estimado ronda los RD$9,000 millones y cuyo inicio está previsto para 2027, no se localiza una partida propia que permita determinar la cifra destinada a esa intervención.
Si bien el proyecto presupuestario contempla RD$3,168.8 millones para CORAASAN, de los cuales aproximadamente RD$1,977.9 millones corresponden a capital, el documento no desglosa cuánto de esos recursos financiaría la ampliación anunciada del Acueducto Cibao Central.
El Gobierno no puede sostener que una transferencia global a CORAASAN equivalga automáticamente a haber presupuestado el Acueducto Cibao Central. Si esos recursos existen, debe señalar la porción que corresponde al proyecto, pues esa es la mínima transparencia requerida.
El presidente de la Dirección Municipal también puso en tela de juicio el respaldo financiero de las seis intervenciones hospitalarias anunciadas para Santiago, con un presupuesto aproximado de RD$1,700 millones y con inicio fijado para enero de 2027.
El informe reconoce partidas vinculadas al funcionamiento de centros como el Arturo Grullón y el Cabral y Báez, además de RD$125 millones destinados a la reconstrucción, supervisión y equipamiento del último, pero advierte que esos recursos no aparecen individualizados como financiamiento del conjunto de las seis obras anunciadas.
Los santiagueros escucharon la promesa de seis obras hospitalarias y una inversión de alrededor de RD$1,700 millones. Lo mínimo que corresponde es que el Presupuesto permita localizar esas seis intervenciones y conocer cuánto recibirá cada una. Los recursos ordinarios de los hospitales no pueden presentarse como prueba automática de que ese paquete de obras está financiado.
Otáñez también se refirió a la supuesta ampliación a cuatro carriles de la carretera Santiago–Licey, señalando que las partidas identificadas para vías urbanas de Licey y para la carretera Uveral corresponden a proyectos con denominaciones distintas.
El documento de verificación registra RD$93 millones para vías urbanas de Licey y RD$201.4 millones para la carretera Uveral, pero no establece que esos recursos correspondan a la ampliación Santiago–Licey anunciada por el presidente.
No se puede tomar una partida destinada a otra carretera, cambiarle el nombre y afirmar que con ello queda financiada la obra prometida. Si existe una asignación para Santiago–Licey a cuatro carriles, el Gobierno debe identificarla claramente.
Otro de los compromisos puestos en tela de juicio fue la construcción de una nueva sede regional de la Policía Nacional en Santiago. Según el informe, el Palacio Policial aparece incluido entre las demandas ciudadanas priorizadas, pero esa referencia no contiene un monto asignado que permita considerarla, por sí sola, una apropiación presupuestaria.
Incluir una obra en una lista no construye un edificio. Una prioridad sin una apropiación identificable sigue siendo una intención. Santiago necesita saber cuándo comienza esa sede, cuánto costará en 2027 y de qué partida provendrán los recursos.
El dirigente de la Fuerza del Pueblo sostuvo que el debate trasciende la confrontación partidaria y toca directamente la credibilidad de la planificación pública. Aquí no estamos discutiendo discursos; hablamos de agua potable, hospitales, seguridad y carreteras, necesidades concretas de una población que tiene derecho a saber si las promesas hechas por el Presidente tienen respaldo financiero real.
Otáñez precisó que la revisión realizada por la Dirección Municipal no plantea que resulte imposible incorporar o ejecutar las obras mediante mecanismos presupuestarios posteriores o esquemas plurianuales. Lo que establece, puntualizó, es que en la documentación examinada no se identifica de manera individualizada el respaldo financiero anunciado para 2027.
Esa diferencia obliga al Gobierno a ofrecer explicaciones. No pedimos un acto de fe, sino partidas claras. Si el dinero existe, que muestren dónde está; si aún no está incorporado, que asuman la responsabilidad de incluirlo durante la discusión del presupuesto en el Congreso. Lo que Santiago no aceptará es que una promesa sustituya una apropiación presupuestaria.
El informe técnico de la Fuerza del Pueblo se actualizó al 4 de octubre después de revisar documentos de inversión territorial, transferencias, instituciones receptoras, fuentes de financiamiento y anexos disponibles de la Dirección General de Presupuesto. La revisión mantuvo el hallazgo de que no se identifican asignaciones específicas que permitan comprobar cuánto se destinará en 2027 a esos cuatro compromisos.
Otáñez concluyó reclamando al Gobierno que haga públicos los códigos presupuestarios, los montos anuales, las fuentes de financiamiento y los calendarios correspondientes a cada proyecto. Santiago merece respeto; ya sobran los anuncios y faltan demasiadas obras terminadas. Las familias que esperan agua, mejores hospitales, seguridad y vías adecuadas no viven de ruedas de prensa presidenciales ni de promesas. Si las obras están financiadas, que muestren las partidas. Y si no lo están, que las incorporen. Así de simple.
