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El titular de la Secretaría de Asuntos Económicos señaló que la propuesta del Presupuesto General del Estado para el año 2027 implica una mayor carga de endeudamiento, encarece el costo financiero y rebaja la calidad del gasto, sin modificar la estructura que históricamente ha limitado el impacto de las finanzas públicas en el bienestar de los dominicanos.
Al dar a conocer el estudio titulado “Seis veces NO: un presupuesto que se endeuda para todo, menos para la gente”, el analista Ng Cortiñas explicó que el eje central del proyecto no radica únicamente en la cifra total que el Gobierno pretende despilfarrar, sino en los destinos que se asignan a esos recursos, la forma en que se financian y la proporción que realmente alcanza a la población.
De acuerdo con el economista, por cada RD$100 que el Estado registra como financiados mediante bonos y préstamos, RD$81 se destinan a intereses, subsidios y obligaciones del Tesoro, mientras que únicamente RD$19 se destinan a proyectos y programas de los ministerios. Esa distribución se repite tanto en la financiación interna como externa, concentrándose la mayor parte del gasto en el servicio de la deuda y en compromisos corrientes, dejando una mínima fracción para iniciativas productivas.
“Este es el verdadero rostro del presupuesto: el país se endeuda, pero gran parte de esa deuda no genera nueva capacidad productiva; sirve para cubrir el costo de la deuda existente y obligaciones corrientes del Estado”, enfatizó Cortiñas.
El analista advirtió que la deuda del sector público no financiero sigue en ascenso y que la proporción de intereses sobre los ingresos del Gobierno central pasa de 22.5 % a 23.3 %. Los intereses, que ascienden a RD$351,327 millones, equivalen al 96 % del presupuesto total del Ministerio de Educación. Asimismo, el servicio de la deuda aumenta de alrededor del 29.5 % al 30.6 % de los ingresos, y las proyecciones oficiales indican que seguirá subiendo. Además, dos artículos del proyecto permiten ampliar el gasto sin necesidad de aprobación congresal: uno crea líneas de crédito de RD$30,000 millones para las distribuidoras eléctricas que el Estado puede asumir, y otro autoriza hasta el 0.5 % del PIB por decreto para situaciones de calamidad, lo que podría elevar el déficit de 3.4 % a cerca del 4.2 % del PIB, encubriendo así cifras reales.
El Gobierno tampoco respeta su propia regla fiscal para 2027. La Ley 35‑24 establece que el crecimiento del gasto primario (sin intereses) no debe superar la inflación esperada más tres puntos porcentuales, lo que equivale a un tope específico que el proyecto supera tanto frente al presupuesto reformulado de 2026 como al inicial, una estrategia que vuelve a ocultar datos. El Informe Explicativo sólo asegura el cumplimiento de la regla a partir de 2028, excluyendo el año 2027.
“Estamos frente a una restricción fiscal creciente. Cada peso adicional que se destina al servicio de la deuda es un peso menos para educación, salud, infraestructura y políticas sociales”, señaló el economista.
El Estado también recurre a la deuda para financiar el gasto corriente, evidenciado por un ahorro corriente negativo de RD$70,452 millones, lo que indica que los ingresos corrientes no bastan para cubrir los gastos operativos. “Cuando un Estado registra ahorro corriente negativo, parte del nuevo endeudamiento se utiliza para financiar el funcionamiento del gobierno, no solo para construir infraestructura”, explicó Cortiñas.
En lo que respecta a la inversión pública directa, el presupuesto muestra un aumento del gasto de capital que, en la práctica, se traduce mayormente en transferencias a distribuidoras eléctricas, al sector de agua y a fideicomisos (91.7 % del incremento). La inversión directa del Estado apenas crece un 8.4 % a 7.7 % del gasto total. Además, a mitad de 2026 sólo se había ejecutado el 48.5 % del gasto corriente y apenas el 37.9 % del gasto de capital, subrayando la diferencia entre “invertir” y “transferir recursos”.
El componente social del gasto también disminuye: la proporción de funciones sociales pasa de 45.5 % a 45.1 % del gasto total, y las transferencias directas a los hogares se reducen. El programa Aliméntate entrega RD$1,614 mensuales por familia, mientras que los bonos Gas y Luz mantienen montos sin ajuste inflacionario. En educación, aunque el gobierno declara cumplir el 4 % del PIB, el Ministerio de Educación recibe menos, y al sumar el MESCyT se alcanza el 4 % con una brecha de RD$18,214 millones, otra forma de ocultar la realidad.
“El presupuesto puede gastar más pesos y, al mismo tiempo, darle menos peso relativo a las familias. Eso es exactamente lo que ocurre con las transferencias directas a los hogares”, reiteró el analista.
En el sector salud, los recursos destinados a la nómina son considerables, pero la asignación para medicamentos resulta prácticamente nula, según el desglose del Servicio Nacional de Salud.
