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Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta encargada de Venezuela, ha instado al Parlamento a aprobar una modificación parcial de la “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, promulgada en 2017 y señalada por la coalición opositoria como parte de un “marco legal represivo” que, según diversas ONG, ha servido para perseguir a periodistas y coartar la libertad de expresión.
En un mensaje publicado este martes en su canal de Telegram, aunque con fecha del lunes anterior, la mandataria explicó que la reforma que propone pretende “avanzar en la despenalización de las conductas previstas” en dicha norma, y la inserta dentro de las iniciativas gubernamentales encaminadas a “transformar el sistema de justicia penal” y “promover el reencuentro y la convivencia democrática” del país.
En la carta dirigida a su hermano, Jorge Rodríguez, actual presidente del Parlamento, la presidenta encargada subrayó que la propuesta tendría un impacto positivo en la reconstrucción de la confianza institucional y en la dinamización de la vida democrática, por lo que solicitó que se analice con carácter de urgencia.
Durante el mes de febrero del presente año, Jorge Rodríguez admitió públicamente que la ley contra el odio había sido empleada de forma indebida y declaró que una reforma era viable.
La normativa fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, organismo chavista creado ese mismo año mientras coexistía con un Parlamento mayoritariamente opositor, en medio de una profunda crisis política y masivas protestas.
Su sanción obedeció una solicitud directa del entonces presidente Nicolás Maduro, quien pretendía detener los supuestos mensajes de “odio” que, según el oficialismo, alimentaron la oleada de protestas que sacudió al país entre abril y agosto de ese año.
El cuerpo legal establece penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión por los llamados “delitos de odio” y ha sido duramente criticado por defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales; por ejemplo, Espacio Público la describió en 2023 como un instrumento “para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder”.
La petición de reforma se presenta como un paso orientado a restablecer la credibilidad de las instituciones y a reforzar la participación democrática en Venezuela.
