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Los fiscales presentaron ante el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva un expediente de 525 páginas, producto de 37 allanamientos efectuados en varias provincias del país.
Durante la noche del sábado, a escasos minutos de concluir el plazo legal, los equipos de la Pepca ingresaron al edificio judicial con el voluminoso dossier, cuyo fin es garantizar la detención del nuevo conjunto señalado como responsable del desfalco de recursos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El magistrado autorizó la medida de prisión preventiva contra el exdirector del SeNaSa y los demás procesados.
El Ministerio Público requirió formalmente una prisión preventiva de 18 meses y la declaración de caso complejo para 25 personas capturadas en la Operación Cobra 2.0‑A, una nueva etapa del entramado de corrupción administrativa que, según el expediente, desviaba fondos públicos de la ARS estatal.
Entre los señalados se encuentran médicos, ex‑colaboradores de la aseguradora y civiles que actuaron como cómplices; la cifra involucrada en esta fase supera los 40 millones de pesos, según estimaciones preliminares presentadas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa describió el alcance de las imputaciones: «Lo que hemos depositado en la noche de hoy es otra evidencia de esto. Esta es la tercera operación que vincula fondos que han sido sustraídos al Seguro Nacional de Salud en esta tercera fase de la investigación», declaró la fiscal, acompañada por los magistrados Héctor García, Rosa Alba García, Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto, Alexis Piña Echavarría y Emmanuel Ramírez.
Ortiz resaltó la gravedad del fraude: «Hemos presentado medidas de coerción contra 25 personas, entre ellas, médicos, personas vinculadas al sector salud, exempleados de SeNaSa y personas que se coludieron con ellos para la realización de esta estafa contra esta entidad y contra el pueblo dominicano porque el dinero del Seguro Nacional de Salud son fondos públicos, es dinero del pueblo».
El expediente indica la participación directa de Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
La solicitud de prisión también abarca a los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Se añaden a la lista los profesionales de la salud Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
El operativo que persiguió a este grupo comprendió 37 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, con la intervención de 45 fiscales, 200 agentes policiales, 16 investigadores criminales y personal de la Dirección Nacional de Investigación.
Esta fase se suma a las acciones iniciadas con la captura del exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado como cabecilla, junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
A los imputados se les imputa coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos, mediante maniobras que incluyeron estados financieros adulterados y programas sin sustento legal.
En junio, la persecución también abarcó a Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa Luisa Yasiris Guzmán y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, acusados de defraudar al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al propio SeNaSa.
Las autoridades esperan que el tribunal fije la fecha para la audiencia de solicitud de medidas de coerción.
