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Un tribunal de la provincia de La Altagracia dictó una serie de medidas cautelares contra cuatro personas vinculadas a la planificación, coordinación y ejecución de dos operativos de tráfico clandestino de migrantes con destino a Puerto Rico, los cuales culminaron con la detención de 128 individuos tras acciones conjuntas y una investigación judicial coordinada entre diversas instituciones.
Las detenciones se lograron gracias a la colaboración operativa entre la Armada de la República Dominicana y el Servicio de Guardacostas de EE. UU. en Puerto Rico, sumada al trabajo de investigación y judicialización realizado en conjunto con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, reforzando la respuesta del Estado contra las bandas criminales dedicadas a este delito.
En la primera intervención se interceptaron 77 personas, mientras que en la segunda captura se detuvieron 51 individuos que pretendían llegar de manera irregular a Puerto Rico a bordo de lanchas típicas de estas travesías clandestinas.
Luego de examinar las pruebas, el juzgado envió a juicio a Vladimir Lajara Aguasvivas, señalado como cerebro del entramado, imponiéndole tres meses de prisión preventiva.
Wiston José Muñoz Rosario, vinculado a la operación en la que fueron detenidos los 77 migrantes, recibió medidas de garantía económica, comparecencia periódica y la prohibición de salir del país durante seis meses.
El capitán de la embarcación utilizada en la captura de los 51 migrantes también fue sancionado con una garantía económica, la obligación de presentarse regularmente ante la autoridad y una restricción de seis meses para abandonar el territorio nacional.
Las pesquisas indican que los acusados forman parte de una estructura organizada que planifica y ejecuta actos de tráfico ilícito de migrantes hacia Puerto Rico, empleando barcos clandestinos que ponen en grave riesgo la vida de quienes los utilizan.
Conforme a la normativa vigente, los imputados podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión, dadas las agravantes del caso, como el intento de trasladar fuera del país a personas con órdenes de captura y a decenas de haitianos sin documentación, según lo establece la Ley 137‑03 contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.
La Armada de la República Dominicana subrayó que estos resultados ponen de relieve la necesidad de una cooperación tanto nacional como internacional para combatir a las organizaciones criminales que lucran con viajes marítimos peligrosos.
En esa línea, la institución naval reafirmó su intención de seguir reforzando las labores de vigilancia, inteligencia y captura en el mar, trabajando de la mano con el Servicio de Guardacostas de EE. UU.
Asimismo, aseguró que continuará su estrecha colaboración con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas para localizar, procesar y poner a disposición de la justicia a los organizadores, capitanes y demás colaboradores de estas redes, y llamó a la población a no arriesgar su vida en travesías ilegales ni apoyar, financiar o facilitar a quienes operan el tráfico de migrantes.
