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El economista Van Elder Espinal lanzó duras críticas a la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante los últimos seis años, señalando que el Estado ha destinado más de RD$300 mil millones al programa Supérate sin contar con los controles y supervisiones necesarios, y que ha gastado cerca de US$350 millones en los distintos bonos navideños, lo cual, según él, vulnera la Constitución al usar recursos públicos sin la garantía jurídica correspondiente.
Estas opiniones fueron expresadas en una entrevista con el periodista Héctor Herrera Cabral, en el programa televisivo “De Entero Crédito”, transmitido de lunes a viernes a las ocho de la noche, donde Espinal presentó sus argumentos ante la audiencia.
Espinal sostuvo que la enorme cantidad de fondos bajo gestión obliga a instaurar niveles superiores de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de iniciativas dirigidas a los sectores más vulnerables. En su visión, el gobierno está “entrampado con los datos que ofrece de la macroeconomía y con lo que siente el pueblo en la calle”.
El analista añadió que, bajo la actual administración, se ha desmantelado la totalidad de los programas de políticas sociales, y que los hechos observados confirman su postura. Reiteró que “Cuando el gobierno da datos macroeconómicos, no cuadran con lo que siente la gente”.
Asimismo, planteó un debate sobre el volumen de recursos públicos destinados a la protección social en los últimos años y sobre los mecanismos empleados para identificar a los beneficiarios, asignar los recursos y verificar que la ayuda llegue efectivamente a quienes fueron diseñados para recibirla.
Van Elder Espinal denunció la falta de claridad con la que, a su parecer, el gobierno del PRM ha manejado los programas de asistencia social y resaltó las dificultades para acceder a auditorías y estadísticas oficiales sobre las ayudas entregadas. Declaró que ha solicitado auditorías de los programas sociales, pero que “no hay forma de obtenerlas”, lo que, a su juicio, genera serias dudas sobre los mecanismos de fiscalización y control del gasto público.
El economista también criticó la forma en que se reparten algunas tarjetas Supérate y los bonos navideños, indicando que, según su información, estos instrumentos no llevan el nombre del beneficiario ni su número de cédula, dificultando la identificación del destinatario final y abriendo la puerta a un uso político o clientelar de los programas. Citó que “Hay videos de funcionarios de este gobierno entregando tarjetas de Supérate en plazas comerciales a personas que les pasaban por el lado, sin ningún tipo de rigor y sin saber si esas personas las necesitaban o no”.
Rememoró que, cuando estuvo vigente la Tarjeta Solidaridad durante las gestiones del expresidente Leonel Fernández, los documentos incluían el nombre y la cédula de los beneficiarios, lo que impedía que otra persona utilizara la tarjeta y garantizaba la transparencia. Hoy, según su relato, los funcionarios buscan datos de las tarjetas en la página web y siempre los encuentran, algo que ha desaparecido.
Espinal cuestionó la metodología actual para medir la pobreza en la República Dominicana, argumentando que el indicador principal basado únicamente en el ingreso monetario de los hogares resulta insuficiente. Explicó: “Si una persona gana 30 mil pesos deberá disponer de recursos para cubrir esos gastos, por lo que le quedará muy poco y seguirá siendo muy pobre”.
Recordó que en el pasado se utilizaban variables múltiples para elaborar un Índice de Calidad de Vida, una metodología que contó con el acompañamiento del Banco Mundial y otras entidades internacionales.
En cuanto a los sistemas de información, afirmó que desde 2022 no se han publicado determinados datos que antes permitían evaluar de forma más amplia los programas sociales. Señaló que la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) fue “dinamitada” y que, según sus fuentes, se eliminaron registros estadísticos construidos durante años. Comentó que “Todos los registros existentes que habían fueron borrados, lo desaparecieron; eso es un crimen social”.
Según sus informaciones, agentes de la DICRIM habrían intervenido en la institución y se habrían retirado más de 200 estadísticas o herramientas de trabajo, instrumentos que, según él, requirieron una inversión superior a US$2 millones y alrededor de tres años de trabajo y capacitación del personal.
Espinal también criticó la disparidad entre los indicadores macroeconómicos publicados por las autoridades y la percepción que la población tiene en su vida cotidiana. Citó que “El Gobierno está entrampado cuando da a conocer los macrodatos de la economía; sin embargo, la gente siente otra cosa muy diferente en los supermercados y en los colmados”.
En este contexto, advirtió que si las estadísticas de pobreza no consideran los subsidios sociales que reciben los hogares, el resultado podría distorsionar la realidad vivida por las familias. Aseguró que, sin esos subsidios, la pobreza real del país podría incrementarse en aproximadamente 20 puntos porcentuales, por lo que cuestionó la reducción de la pobreza monetaria anunciada recientemente. Declaró que “Están usando esteroides con las cifras de la pobreza para aparentar lo que no es”.
Para cerrar, Espinal planteó que los programas sociales deben funcionar como un “trampolín con sostenibilidad” que permita a las familias superar progresivamente su vulnerabilidad. Sin embargo, consideró que en la República Dominicana las ayudas se están usando como una “ancla”, pues mantienen a ciertos sectores dependientes de los subsidios sin crear condiciones que les permitan incorporarse de manera sostenible al mercado laboral y mejorar sus ingresos.
