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El juzgado del Distrito Nacional emitió una orden que detiene los comicios de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) programados para el 9 de septiembre y estableció una sanción coercitiva de RD$5,000 por cada día de incumplimiento.
La medida se originó a raíz de una acción de amparo interpuesta por la corriente Fuerza Agropecuaria, la cual cuestionó diversas actuaciones de la Comisión Nacional Electoral (CNE).
El fallo, dictado por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, se adoptó cuando faltaban solo unas horas para la apertura de las urnas, paralizando así el proceso electoral.
El magistrado ordenó a la CNE que expida resoluciones separadas, individualizadas y debidamente motivadas para los candidatos de Fuerza Agropecuaria, garantizando que reciban los mismos plazos de subsanación y requisitos que a los demás aspirantes.
Asimismo, se instruyó a la autoridad electoral a no cerrar la boleta de manera definitiva, a no entregar las resoluciones y documentos vinculados a las demás corrientes, y a convocar nuevamente a las elecciones una vez que todas las postulaciones hayan sido resueltas de forma definitiva.
La jueza basó su decisión en la protección de derechos fundamentales como la igualdad, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a ser elegido y a elegir dentro de una organización gremial.
Para asegurar el cumplimiento, se fijó un astreinte de RD$5,000 diarios, que será ejecutado sobre minuta pese a cualquier recurso que se presente.
Juan Rivera manifestó: “Ninguna comisión electoral está por encima de la Constitución”.
El equipo jurídico que representó a la parte vencedora estuvo encabezado por el abogado Juan Rivera, dirigente de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, con amplia experiencia en derecho electoral.
Al analizar el impacto jurídico, Rivera señaló: “No se ha suspendido la democracia; se ha impedido que una elección avance sin que todos compitan bajo iguales reglas. La legitimidad electoral no se logra sólo con contar votos; primero hay que garantizar el derecho de todos a estar en la boleta. Esta sentencia deja clara la enseñanza de que ninguna comisión electoral supera a la Constitución ni al debido proceso”.
Rivera también destacó que la resolución trasciende la disputa interna, pues reafirma que las organizaciones gremiales, aun siendo privadas, deben respetar los derechos fundamentales de sus afiliados.
El conflicto se remontaba al 19 de agosto, cuando José Vásquez, candidato presidencial de Fuerza Agropecuaria, denunció públicamente presuntas maniobras destinadas a excluir a su corriente de las votaciones del 9 de septiembre, acusando a la CNE de imponer requisitos no contemplados en los estatutos ni en el reglamento electoral.
El escenario político gira en torno a la reelección del actual presidente de la ANPA, Víctor Hugo “Tito” Hernández, quien fue electo en septiembre de 2024 para el periodo 2024‑2026 con una plancha unitaria respaldada por sectores vinculados al PRM y al PLD, obteniendo 2,407 votos de los 2,472 sufragios registrados.
José Vásquez afirmó que la sentencia representa la reivindicación del derecho de los profesionales agropecuarios a competir y a escoger libremente a sus autoridades.
“El tribunal ha frenado actuaciones que denunciábamos como antidemocráticas dentro del gremio. Nadie puede pretender reelegirse eliminando previamente a quienes legítimamente aspiran a competir”, declaró.
Vásquez fue aún más tajante al rechazar cualquier proceso electoral en el que la competencia se vea reducida por decisiones administrativas, señalando: “Pretender ganar unas elecciones suprimiendo administrativamente a los rivales no es ganar; la democracia se demuestra enfrentándose en las urnas bajo iguales condiciones para todos”.
El dirigente aclaró que Fuerza Agropecuaria no busca impedir la celebración de la votación, sino garantizar que todos los sectores participen en igualdad de condiciones, indicando: “La ANPA no tiene dueño. Su presidente es un servidor temporal de la membresía. Nosotros queremos derrotar a Tito Hernández en las urnas, no en un escritorio. Queremos que sean los profesionales agropecuarios quienes decidan quién debe dirigir su gremio”.
Con la orden judicial, las elecciones previstas para este miércoles quedan suspendidas y la CNE deberá revisar primero las postulaciones y cumplir con las garantías establecidas antes de volver a convocar a las urnas.
