RDalDescubierto
Santo Domingo – El tribunal de arbitraje internacional que se había constituido contra la República Dominicana por Yves Martine Garnier, bajo el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito el 14 de enero de 1999 entre Francia y nuestro país, emitió el 19 de agosto de 2026 un laudo que favoreció íntegramente al Estado, desestimando todas las pretensiones del demandante, cuyas sumas superaban los US$100 millones, equivalentes a más de 5,882 millones de pesos al tipo de cambio vigente.
El procedimiento se activó el 4 de octubre de 2021, de acuerdo con el artículo 7 del citado convenio, y quedó bajo la administración de la Corte Permanente de Arbitraje bajo el expediente número 2022‑01. La controversia surgió a raíz de la rescisión del contrato de concesión para la gestión y recolección de residuos sólidos celebrado entre EGTT Dominicana, S.A., empresa del accionista, y la Alcaldía del municipio de Santo Domingo Este.
El panel arbitral determinó que la terminación del contrato resultó legítima conforme a la normativa dominicana, al evidenciar deficiencias de EGTT Dominicana en la prestación del servicio, y consideró que los argumentos presentados por el demandante no alcanzaban el umbral necesario para configurarse como una violación de las obligaciones internacionales que el Estado dominicano asumió bajo el tratado.
«La defensa del Estado no es únicamente la defensa del erario: es la defensa de la seriedad con la que este país honra sus compromisos. La República Dominicana cumple sus obligaciones frente a los inversionistas extranjeros y, precisamente por ello, sostiene con firmeza sus posiciones cuando una reclamación carece de fundamento», manifestó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón.
La estrategia de defensa fue encabezada inicialmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, en coordinación con la autoridad municipal de Santo Domingo Este; más adelante, el Ministerio de Justicia se incorporó al caso, ya que, según la Ley número 80‑25, tiene la responsabilidad de representar al Estado en procesos de arbitraje de inversión. Para la defensa, el Gobierno contó con el asesoramiento de la firma internacional Foley Hoag LLP, a través de su oficina en Washington, D.C. Este veredicto se inserta en la política de defensa proactiva que el Estado dominicano mantiene en materia de arbitrajes de inversión, con el objetivo de proteger los recursos públicos y garantizar un entorno de seguridad jurídica que favorezca la atracción de capital extranjero.
