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El equipo jurídico que representa al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien se encuentra bajo custodia, solicitó a un juzgado de los Estados Unidos que se archive la causa penal, sustentando que, en calidad de jefe de Estado, goza de inmunidad soberana.
El abogado Barry Pollack presentó, este miércoles, una solicitud ante la justicia norteamericana con el objetivo de cerrar el proceso penal abierto contra el mandatario, quien ha permanecido detenido en territorio estadounidense desde la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump a comienzos de enero en Venezuela. Sus defensores sostienen que, al liderar una nación soberana, el presidente posee la inmunidad que corresponde.
En el escrito de Pollack se indica que tal actuación vulnera la inmunidad absoluta que, desde tiempos antiguos, protege a los jefes de Estado y a funcionarios extranjeros mientras ejercen sus funciones oficiales.
El mismo profesional legal afirma que el tribunal de EE.UU. carece de competencia tanto por la inmunidad propia de un jefe de Estado como por la inmunidad derivada de la conducta, y por ello insiste en que el caso contra su defendido sea desestimado.
Pollack subraya que el presidente se ha declarado inocente y rechaza rotundamente los cargos, advirtiendo que, de llegarse a un juicio, quedará demostrado que se trata de una acusación injusta.
Maduro y su esposa Cilia Flores están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura en Caracas el 3 de enero, mientras su expediente avanza en la corte de Nueva York. La fiscalía estadounidense tiene hasta el 2 de octubre para responder a las mociones, presumiblemente en contra, y la audiencia para debatirlas está fijada para el 17 de noviembre. De concretarse el proceso, no se prevé un juicio antes de junio de 2027.
El representante legal de Maduro describió el secuestro como una afrenta al derecho internacional, declarando: “Soy un presidente secuestrado, prisionero de guerra”. Estas palabras surgieron durante su primera comparecencia en un tribunal neoyorquino, donde él y Cilia Flores se declararon inocentes frente a la acusación de narcotráfico interpuesta en enero de 2026.
Nicolás Maduro asumió la presidencia por primera vez en 2013. Tras su detención, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez tomó la presidencia interina. Rodríguez ha criticado abiertamente la acción militar estadounidense, aunque también ha manifestado su disposición a iniciar un nuevo ciclo de diálogo y cooperación con Washington.
El proceso contra Maduro se interpreta como una muestra de lo que podría convertirse en un nuevo orden jurídico mundial, donde la potencia dominante emplea sus tribunales como extensión de su autoridad, mientras la soberanía de los Estados se ve erosionada por la aplicación extraterritorial de la ley del más fuerte.
Solo siete meses después del arresto de Maduro, la administración de Donald Trump cerró un convenio con la presidenta interina Delcy Rodríguez para adjudicarse el veinte por ciento de las reservas petroleras de Venezuela, equivalentes a alrededor de 65.000 millones de barriles de crudo.
Trump describió el petróleo venezolano como un “regalo” en medio de la crisis de reservas.
Ese acuerdo ha generado una fuerte oleada de críticas; expertos señalan que podría contravenir la Constitución venezolana y el derecho internacional, y ponen en duda la legitimidad de un gobierno interino para comprometer los recursos del país por un periodo tan extenso.
La ciudadanía venezolana ha expresado su rechazo al pacto petrolero entre Caracas y Washington.
