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El lunes, diez acusados del llamado Caso Meduda comparecieron ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y presentaron una petición para que se declare la extinción de la acción penal, alegando que el expediente ha sobrepasado el plazo máximo previsto en la normativa procesal penal.
Los procesados — Itagracia Guillén Calzado, Alfredo Solano Augusto, Javier Fortuna Ibarra, Jonathan Rodríguez Imbert, Miguel José Moya, Rafael Antonio Melgen Sena, Braulio Bautista Barías, Alejandro Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos Acosta y Félix Antonio Rosario Labrada — están acusados de integrar una supuesta red corrupta que, según la Fiscalía, habría causado al Estado un perjuicio superior a RD$6,000 millones.
Al mismo tiempo, el ex procurador Jean Alain Rodríguez también figura entre los imputados por presunta participación en el mismo entramado, y en una gestión anterior había presentado una solicitud idéntica de extinción del proceso.
Las defensas basan su petición en el artículo 148 de la Ley 76‑02, remitiéndose a sentencias del Tribunal Constitucional que desestiman la interpretación de que exista un término distinto al legal para la persecución penal.
Los abogados sostienen que no han incurrido en dilaciones y señalan que, tras más de seis años desde la apertura del caso, la Fiscalía no ha logrado acreditar la comisión de los delitos imputados; sin embargo, esa observación no constituye una resolución judicial, y corresponde ahora al tribunal decidir si admite o rechaza la petición de extinción.
