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La propuesta constitucional impulsada por el presidente chileno José Antonio Kast, que contempla la posibilidad de declarar un estado de excepción de hasta ocho meses y limitar libertades fundamentales, ha suscitado inquietud entre partidos políticos y expertos, quienes temen una merma de derechos y un riesgo para la democracia.
Tras la aprobación de la controvertida megareforma económica y tributaria, considerada la obra cumbre del Ejecutivo, el Gobierno dio paso de inmediato a esta nueva iniciativa, cuya factibilidad en el Senado se cuestiona luego de su ingreso el pasado lunes.
«La reforma no es en ningún caso necesaria para combatir al crimen organizado y el terrorismo en Chile. No hay nada en la Constitución chilena que impida los objetivos que la agenda de seguridad del Gobierno plantea», declaró a fuentes periodísticas el abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso.
Sin haber consultado previamente al Congreso, el proyecto establece que el presidente podría instaurar un periodo excepcional en el que se limite la libre circulación de las personas, el derecho a reunirse y asociarse, y se intervengan las comunicaciones de los ciudadanos por cualquier medio.
«Son medidas absolutamente abusivas que van contra cualquier sistema democrático, ni siquiera durante el estallido social de 2019 el expresidente Sebastián Piñera declaró el estado de sitio, sino el estado de emergencia, algo mucho más que lo que se propone ahora», comentó a fuentes periodísticas el especialista en seguridad de la Universidad de Santiago, Jorge Araya.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la reforma argumentando que está diseñada para «intervenir ciertas zonas donde operan grupos terroristas o el crimen organizado, que es de difícil penetración, donde necesitamos algunas facultades extraordinarias», según manifestó en un programa televisivo de una cadena de noticias.
En la última década Chile ha dejado de ser uno de los países más estables de la región para convertirse en escenario de múltiples organizaciones criminales transnacionales; el 96 % de la población considera que estas estructuras representan un «peligro directo para la seguridad nacional», según una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.
Frente a esta amenaza, la lucha contra el crimen organizado se ha convertido en una prioridad nacional, por lo que Kast presentó ocho modificaciones a la Carta Fundamental dentro de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
Además, en el Congreso se están tramitando un conjunto de 19 iniciativas legales relacionadas, junto con alrededor de una decena de propuestas adicionales que buscan reforzar la seguridad.
No obstante, Araya subrayó que «lo más efectivo no está en la agenda» y acusó al Gobierno de buscar apariencias en materia de seguridad, evitando lo esencial: destinar mayores recursos para fortalecer las instituciones.
