RDalDescubierto
Andrea Mauk, de 42 años, se enteró del trágico siniestro que arrebató la vida de su hijo Damon, de 18, mientras él estaba de viaje. Al regresar a su residencia en Ohio, descubrió que el cuerpo del joven había sido intervenido para extraerle ojos, piel, válvulas cardíacas, ligamentos y otros tejidos, todo sin su autorización. «Me robaron los ojos de mi hijo», declaró la madre, según fuentes periodísticas.
El accidente ocurrió el 24 de junio de 2023, cuando el automóvil de Damon abandonó una carretera rural en Lucas, Ohio, y se estrelló contra un árbol. Mauk asegura que el centro médico nunca la contactó, pese a figurar como contacto de emergencia principal en los registros. La autorización para la donación de tejidos fue gestionada con el padre biológico del joven, una persona que, según la madre, apenas había participado en su vida. Además, Damon no estaba registrado como donante de órganos.
La mujer aclara que no se opone a la donación de órganos en sí, sino que protesta contra la falta de transparencia y el hecho de que no se le consultó en un momento tan delicado. «Lo único que quería era que me llamaran. Se tomaron decisiones en las que no pude participar», manifestó.
Una fracción de los tejidos extraídos fue destinada a investigación científica, y los ojos del joven fueron enviados a Argentina, como reveló Mauk durante su testimonio ante el Senado de Ohio.
Tras vivir esta experiencia, Mauk impulsó una campaña para reformar la normativa estatal. Creó una petición en Change.org bajo el nombre ‘Ley de Damon’, cuyo objetivo es obligar a los hospitales a notificar y obtener el consentimiento de los familiares directos antes de cualquier extracción de tejidos. Asimismo, compareció ante legisladores, denunciando lo que considera un vacío legal que permite a padres con escasa participación en la vida del menor autorizar donaciones sin consultar al progenitor que realmente lo crió.
El caso de Mauk se inserta en un contexto de mayor escrutinio federal sobre las organizaciones de procuración de órganos. En julio de 2026, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., bajo la dirección de Robert F. Kennedy Jr., anunció una reforma del sistema de trasplantes tras una investigación que expuso prácticas cuestionables, entre ellas evaluaciones neurológicas deficientes y procesos de consentimiento poco claros en una entidad que opera en Kentucky, Ohio y Virginia Occidental.
