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La experta en seguridad y titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, Josefina Reynoso, sostuvo que la escalada de la inseguridad en la República Dominicana se debe a la falta de capacidad del Gobierno para diseñar y ejecutar políticas públicas eficaces, e interrogó quién está al mando de la Policía: ¿el presidente Luis Abinader, la ministra Faride Raful o asesores extranjeros que, según ella, no han avanzado en este tema que afecta al pueblo?
En una entrevista concedida al periodista Héctor Herrera Cabral en el programa “De Entero Crédito”, emitido de lunes a viernes a las ocho de la noche, Reynoso manifestó que nunca había percibido una confianza tan baja de la población hacia la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Señaló la ausencia de protocolos claros, la falta de respuesta a querellas presentadas en los destacamentos y la pésima condición de los baños y locales policiales. Además, cuestionó la lógica de contar con más de 46 mil miembros policiales pero solo 2 500 cámaras distribuidas en los uniformes, datos que, según ella, no cuadran. “Tenemos información de que hay 16 mil agentes patrullando las calles, 4 mil asignados a otras instituciones, 2 700 asimilados y 2 000 conscriptos; alquilaron un hotel para alojar a 3 mil nuevos policías anuales y sólo están sacando 1 500 pesos”, indicó, añadiendo que el Estado estaría gastando alrededor de 118 mil millones en el alquiler y la remodelación de ese hotel para que los agentes puedan estar allí de forma adecuada.
Reynoso también denunció que en los últimos seis años no se ha implementado ningún Plan de Seguridad Ciudadana, pues los funcionarios llegaron al poder sin diagnóstico previo. Cada lunes, la Policía celebra una rueda de prensa en el Palacio anunciando una supuesta baja en la tasa de homicidios, pero la ciudadanía percibe lo contrario, ya que los hechos violentos continúan en múltiples regiones del país. Además, criticó que la reforma policial no haya dado los resultados esperados y resaltó que, durante la gestión del presidente Abinader, se han designado cinco directores diferentes de la Policía Nacional, lo que a su juicio evidencia una grave falta de continuidad y planificación.
“Existe un total desorden en el Gobierno y en el país. La gente ya no aguanta más, y las encuestas colocan la inseguridad como la primera y segunda prioridad”, afirmó Reynoso, quien también cuestionó quién realmente manda en la Policía. Calificó de “nunca visto” que el presidente haya removido al director de la Policía Nacional apenas seis meses después de su nombramiento, refiriéndose a la salida del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, y subrayó que el propio Cruz, al abandonar el cargo, instó a los agentes a actuar correctamente, aunque eso pudiera costarles el puesto.
La dirigente insistió en que el Gobierno debe dejar de lanzar anuncios y planes sin sustancia y presentar resultados tangibles que devuelvan la confianza a la ciudadanía. Señaló que en los últimos años cientos de jóvenes han sido asesinados por agentes de la DICRIM, muchos con las manos en alto o pidiendo clemencia, hechos que se están catalogando como “muertes legales”, una práctica que no figura en la Constitución ni en ningún marco jurídico del país. Asimismo, cuestionó las declaraciones semanales del presidente Abinader y la ministra Raful sobre una supuesta reducción de la tasa de homicidios.
Otro punto crítico señalado por Reynoso es la presencia de un extranjero a cargo de los fondos policiales. Denunció que un ciudadano ecuatoriano ha sido designado para ejercer funciones administrativas y económicas dentro de la institución, a pesar de que la Ley Orgánica de la Policía Nacional exige que ese puesto lo ocupe un oficial superior de la propia fuerza. Aseguró que, aunque se dice que la persona ha sido nacionalizada dominicana, no hay información pública clara sobre el proceso, quién financia su salario ni bajo qué condiciones fue incorporada. Además, advirtió que en el Congreso se está discutiendo una reforma que permitiría contratar a civiles para manejar asuntos financieros, una medida que, según su denuncia, ya se está aplicando de facto.
Se anticipan nuevos desarrollos y declaraciones en torno a estos temas, mientras la ciudadanía sigue demandando respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades.
