La terminación del Estatus de Protección Temporal para aproximadamente 335,000 haitianos no es solamente una decisión migratoria de Estados Unidos. Sus consecuencias podrían llegar directamente a República Dominicana.
El TPS permitía a sus beneficiarios vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos porque las condiciones de Haití impedían un retorno seguro. Era una protección temporal y Washington tiene derecho a revisar su política migratoria.
Pero ese derecho no elimina las consecuencias regionales. Haití enfrenta una crisis profunda: alrededor de 1.4 millones de personas están desplazadas por la violencia, más de cinco millones tienen dificultades para alimentarse y las remesas representan más del 15 % de su economía.
El retorno de miles de personas produciría un doble impacto: Haití tendría que recibirlas sin empleos, viviendas ni servicios suficientes y, al mismo tiempo, perdería parte del dinero que enviaban desde Estados Unidos.
Esa presión terminaría desplazándose hacia la frontera dominicana. Nuestro país ya realiza la mayor parte de los retornos hacia Haití. Durante el primer semestre de 2026 fueron devueltas 141,720 personas, un 11 % más que durante el mismo período del año pasado.
República Dominicana tiene derecho a controlar su territorio, aplicar sus leyes migratorias y defender su soberanía. Pero defender la frontera también significa anticiparse.
Cancillería debe solicitar a Estados Unidos información precisa sobre el posible ritmo de las deportaciones. Migración, Defensa, Salud Pública y los organismos de seguridad deben preparar escenarios conjuntos antes de que aumente la presión sobre hospitales, escuelas, empleos y comunidades fronterizas.
La comunidad internacional también debe garantizar que las personas deportadas sean recibidas y atendidas dentro de Haití. República Dominicana no puede continuar absorbiendo las consecuencias de decisiones que se toman fuera de su territorio.
La frontera no se protege únicamente con militares, muros y deportaciones, también se protege con diplomacia, inteligencia y planificación.
Estados Unidos puede cancelar un permiso migratorio, lo que no puede cancelar son los efectos regionales de su decisión y República Dominicana no debe esperar a que esos efectos lleguen a su frontera para comenzar a reaccionar.
