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Las comisiones de la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo expresaron su preocupación ante lo que describen como una inclinación de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a ceder espacios dentro de zonas protegidas a iniciativas y capital privado.
En su informe señalaron tres casos que, a su entender, ilustran este presunto proceso: el Parque Nacional Valle Nuevo, el Monumento Natural Cabo Samaná y el Monumento Natural Isla Catalina.
Asimismo, pusieron en tela de juicio que infraestructuras y servicios de uso público, construidos con fondos estatales, hayan sido entregados a una entidad gestora privada sin que, según sus declaraciones, se haya ofrecido la información pública correspondiente sobre los términos y el procedimiento de la negociación.
Manifestaron también su inquietud por el reciente plan de manejo del Monumento Natural Cabo Samaná, al considerar que dicho documento prevé la posibilidad de edificar construcciones e instalaciones de carácter privado con fines comerciales dentro del núcleo de la zona protegida.
Las comisiones añadieron que la propuesta de zonificación de la zona de amortiguamiento vulneraría la Resolución núm. 0010/2018 del Ministerio de Medio Ambiente, la cual determina los usos admitidos en esa área y que, según afirman, sigue en vigor.
Respecto al Monumento Natural Isla Catalina, denunciaron que se ha anunciado una transformación orientada a actividades hoteleras y a la instalación de facilidades turísticas mediante inversión privada, y declararon desconocer los detalles de esa intervención, a pesar de que el proyecto supuestamente se encuentra en una fase avanzada.
La Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD advirtieron que estas acciones podrían contravenir disposiciones de la Constitución dominicana y de la Ley núm. 202-04 sobre Áreas Protegidas.
Recordaron que la normativa establece que las áreas protegidas y los ecosistemas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas son bienes patrimoniales de la nación.
Ante estos acontecimientos, exigieron el cumplimiento estricto de la Constitución y de la legislación ambiental, así como la protección del patrimonio natural y cultural del país.
Finalmente, solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales una explicación pública y detallada de los procesos vinculados a Valle Nuevo, Cabo Samaná e Isla Catalina, que incluya los criterios, procedimientos y condiciones bajo los cuales se han promovido o autorizado las intervenciones señaladas, reiterando que las áreas protegidas son un patrimonio colectivo que debe ser gestionado para garantizar su conservación a las generaciones presentes y futuras.
