@abrilpenabreu
La Cámara de Diputados y la diputada Millys Martínez le deben una explicación y una disculpa a la sociedad dominicana. La controversia que provocó la suspensión de una sesión legislativa no puede despacharse con una reunión y una fotografía junto al director de la Policía Nacional.
La legisladora denunció que agentes policiales la habían esposado, reclamó públicamente un pronunciamiento de la ministra Faride Raful y presentó el incidente ante sus compañeros como una afrenta que comprometía la dignidad del Congreso, en solidaridad, legisladores abandonaron el hemiciclo y dejaron la sesión sin quórum.
Luego se difundieron imágenes que,m, muestran a la propia diputada colocándose una de las esposas. Esa secuencia contradice un elemento fundamental de su denuncia y exige una respuesta pública.
La gravedad del caso obliga a consecuencias de algún tipo, se señalaron agentes, se cuestionó a una ministra y se interrumpieron trabajos legislativos y se desperdiciaron recursos del Estado y lo más importante se comprometió la credibilidad de sus instituciones.
Por eso resulta insuficiente anunciar que la diputada y el director policial dieron por superada la situación. El entendimiento entre ambos no resuelve la burla a la sociedad.
La diputada debe explicar la contradicción entre su denuncia y las imágenes difundidas, y rectificar públicamente lo que corresponda. La Cámara de Diputados también debe responder, sus integrantes tienen derecho a exigir respeto para la institución y garantías para el ejercicio de sus funciones, esa exigencia los obliga, a su vez, a verificar los hechos y a actuar con responsabilidad frente a la ciudadanía, cuando sus miembros no actúan acorde a la investidura que ostentan, la Cámara debe evaluar su conducta y aplicar las medidas que correspondan dentro de sus normas, l a investidura que les garantiza derechos también exige rendición de cuentas.
El costo de este episodio trasciende la sesión suspendida, cada controversia que termina en un arreglo sin explicaciones alimenta el descrédito del Congreso, también perjudica a los legisladores que cumplen con su trabajo y necesitan que la institución conserve la confianza pública.
Una denuncia de abuso que terminó con evidencia que contradice esa denuncia merece el mismo rigor que se aplicó para exigir régimen de consecuencias, la credibilidad institucional depende de sostener ambos deberes.
La diputada y el director de la Policía pueden dar por terminado su desacuerdo, la deuda con la sociedad dominicana sigue abierta y solo puede saldarse con verdad, responsabilidad y consecuencias. Después no nos quejemos del descreimiento en los políticos.
