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SANTO DOMINGO – La agrupación política Fuerza del Pueblo (FP) informó que, desde agosto de 2020, los precios de los combustibles han experimentado incrementos acumulados de hasta un 95 %, y solicitó al Ejecutivo un balance público y verificable de los aproximadamente RD$460,000 millones recaudados por impuestos a los hidrocarburos entre 2021 y 2026, periodo en el que, según sus cálculos, se destinaron cerca de RD$125,000 millones a subsidios.
Se difundió un video de la rueda de prensa donde se expusieron estas demandas.
El mensaje lo transmitió Juan Gómez, secretario de Energía de la FP, en una conferencia liderada por el secretario general Antonio Florián; también intervinieron el vocero senatorial Eduard Espiritusanto, la secretaria de Solidaridad Social Yadira Peña, el secretario de Acción Social Juancho Martínez y varios vicesecretarios de distintas áreas.
Gómez describió que, de agosto de 2020 a octubre de 2026, la gasolina premium pasó de RD$206.60 a RD$358.10 por galón, lo que equivale a un aumento del 73.3 %; la gasolina regular subió de RD$196.30 a RD$317.50, una variación del 61.7 %; y el diésel óptimo escaló de RD$163.30 a RD$318.10, acumulando una alza del 94.8 %.
Agregó que el diésel regular incrementó de RD$150.70 a RD$270.80 por galón, lo que representa un 79.7 %, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) pasó de RD$111.90 a RD$135.20, equivalentes a un 20.8 % en el mismo período.
El dirigente puntualizó que tales subidas golpean directamente el poder adquisitivo de los hogares, encarecen el transporte y elevan los costos operativos de los sectores productivos, sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas, los industriales y los transportistas.
Gómez advirtió que la clase media no puede seguir absorbiendo en silencio cada alza de los combustibles, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas, los industriales y los comerciantes enfrentan costos crecientes que comprometen la producción, la inversión y el empleo, y exclamó: «¡Esto no se aguanta más!».
En cuanto a la recaudación, explicó que, según estimaciones de la Secretaría de Energía, existe una brecha de cerca de RD$335,000 millones entre los ingresos tributarios y los subsidios destinados a los combustibles durante 2021‑2026, por lo que considera indispensable que las autoridades presenten un balance fiscal completo que muestre el manejo de esos recursos.
El secretario de Energía cuestionó que, pese al compromiso anunciado el 19 de junio de mantener congelados durante noventa días los precios de los combustibles esenciales siempre que el crudo WTI no superara los US$95 por barril, posteriormente se aplicaran tres aumentos consecutivos.
En ese sentido, Gómez exigió que el Gobierno publique de forma detallada la fórmula utilizada para fijar los precios semanales de los combustibles, incluyendo las cotizaciones internacionales, la tasa de cambio, los impuestos, los costos de importación y los subsidios aplicados.
Como propuestas de la FP, planteó evaluar una reducción temporal del impuesto ad valorem cuando los precios internacionales superen ciertos niveles, establecer subsidios focalizados para el transporte público y la carga esencial, y garantizar que las disminuciones internacionales se reflejen también en los precios que pagan los consumidores.
Gómez reiteró que el impacto de los incrementos no se limita al gasto directo en combustible, sino que también se traslada a los costos de transporte, los bienes y servicios esenciales, las pequeñas y medianas empresas y las actividades productivas, profundizando la pérdida del poder adquisitivo de la población.
En nombre de la bancada opositora, solicitó al presidente Luis Abinader y a las autoridades económicas presentar un balance fiscal consolidado de la política de combustibles desde 2020, sustentado en cifras efectivamente ejecutadas, y ofrecer explicaciones sobre los compromisos asumidos y las medidas destinadas a contener el costo de vida.
Al concluir sus declaraciones, el integrante de la Dirección Política de la FP enfatizó que la organización se centra en tres demandas esenciales: transparencia en la fijación de precios de los combustibles, rendición de cuentas sobre las recaudaciones y subsidios, y la adopción de medidas concretas para reducir el impacto económico de los aumentos sobre las familias dominicanas y los sectores productivos.
