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En una redada efectuada en Santo Domingo Este, las fuerzas de seguridad incautaron aproximadamente 46,957,123 unidades de fármacos y suministros hospitalarios, empaquetados en unas 2,200 cajas, cuyo valor se estima en RD$532 millones, desmantelando una organización dedicada al almacenamiento y venta clandestina de estos productos.
La operación fue coordinada por la Mesa de Ilícitos bajo la dirección del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, contando con el apoyo de la Procuraduría General de la República, la Dirección Central de Inteligencia Delictiva, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías.
Entre los artículos confiscados se encontraban medicamentos caducados, falsificados, adulterados y sin registro sanitario, además de insumos médicos como guantes, mascarillas, batas, jeringas y fajas.
La captura se logró gracias a labores de inteligencia, seguimiento y vigilancia que se desarrollaron en varios sectores del municipio.
Según la fiscalía, el centro de almacenamiento era una casa de dos niveles ubicada en la zona de Los Tres Ojos; la magnitud del hallazgo requirió dos furgones de 45 pies, un camión de 22 pies y seis camionetas para trasladar todo al cuartel central del CECCOM.
Las investigaciones indicaron que la mercancía se comercializaba bajo condiciones de contrabando, lo que supone un grave riesgo para la salud pública y una significativa evasión fiscal que afecta al Estado dominicano.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes declaró que las entidades que conforman la Mesa de Ilícitos continuarán persiguiendo este tipo de actividades y darán seguimiento a cada expediente hasta su conclusión, como parte de la estrategia contra el comercio ilícito.
Las autoridades señalaron que los hechos podrían constituir presuntas infracciones a la Ley General de Salud 42-01 y a la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.
En ese sentido, la Mesa de Ilícitos se creó bajo el marco de dichas leyes para coordinar acciones contra el contrabando y la falsificación, y mediante el Decreto 405-22 se estableció el Consejo Público‑Privado de Combate al Comercio Ilícito, reforzando la colaboración entre las instituciones involucradas.
