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El senador Rafael Barón Duluc, al dirigirse al I Seminario Nacional de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, manifestó que, si no se garantiza la autonomía del Ministerio Público, el Código Penal recién aprobado podría convertirse en una herramienta de persecución política, subrayando la urgencia de acompañarlo con controles institucionales sólidos.
El panel llamado “Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal”, llevado a cabo el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia de Santo Domingo, reunió a juristas y a representantes de diversas instituciones. Barón Duluc reconoció los avances del gobierno actual para afianzar la independencia del Ministerio Público, pero expresó su preocupación de que gobiernos futuros pudieran emplear la norma contra sus opositores.
«El nuevo Código sería un mecanismo muy fácil de destruir personas, de destruir enemigos, de hacer daño político», indicó el senador, resaltando que la eficacia del cuerpo legal dependerá de contar con órganos de persecución independientes, criterios jurídicos claros y salvaguardas constitucionales.
Con la intención de reforzar la fiscalización legislativa, Barón Duluc propuso lanzar un plan piloto desde el Congreso Nacional. La iniciativa contempla la creación de una mesa de trabajo integrada por la ADOCCO, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y expertos en derecho, para que el Parlamento pueda solicitar informes, supervisar actuaciones y exigir rendición de cuentas a los funcionarios.
El senador explicó que, tradicionalmente, el Congreso ha centrado su labor en la representación y la legislación, relegando sus facultades de control a un segundo plano. Argumentó que la prevención de la corrupción debe ir más allá de sancionar conductas ya cometidas, incorporando mecanismos que reduzcan las oportunidades de irregularidades y que una supervisión legislativa robusta puede ser clave.
Barón Duluc recordó que la aprobación del nuevo Código Penal es solo una fase del proceso reformista; aún se requieren interpretaciones judiciales, capacitación jurídica, aportes doctrinales y posibles reformas legislativas. «Nosotros tenemos el texto de un nuevo código, porque el Código Penal hay que construirlo», afirmó, y señaló que presentó una propuesta de modificación un día antes del seminario, sin detallar su contenido.
Para concluir, el legislador puso especial atención al delito de tráfico de influencias y a la noción transversal de la corrupción, demandando criterios jurídicos precisos que delimiten sus alcances y eviten interpretaciones que vulneren la seguridad jurídica. Al cerrar su participación, felicitó a la Alianza Dominicana Contra la Corrupción y a su presidente Julio César de la Rosa Tiburcio, y reiteró la necesidad de acompañar la implementación del Código con independencia institucional, prevención, supervisión parlamentaria y una cultura de rendición de cuentas.
