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En el contexto de una reunión promovida por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), la abogada señaló deficiencias técnicas en los procesos de investigación de corrupción, alertó sobre la filtración de información y advirtió sobre los riesgos de aplicar prisión preventiva sin criterios de proporcionalidad.
SANTO DOMINGO, R. D., 9 de octubre de 2026 – Emery Colomby Rodríguez puso en tela de juicio la rigurosidad técnica de varias averiguaciones de corrupción realizadas por el Ministerio Público, insistiendo en que la persecución de estos delitos debe sustentarse en pruebas contundentes, total claridad y el respeto a las garantías constitucionales.
Durante su ponencia en el I Seminario Nacional de la ADOCCO, celebrado el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia de la capital, la jurista afirmó que la lucha contra la corrupción no legitima vulnerar los derechos de los investigados, y enfatizó: «No se puede perseguir la corrupción a cualquier precio».
Rodríguez recordó que, a lo largo de su carrera como defensora, ha intervenido en diversos casos de corrupción cuyas indagaciones consideró técnicamente insuficientes, lo cual, según explicó, ha tenido repercusiones negativas en los fallos judiciales.
Exigió al Ministerio Público que precise con mayor claridad sus prioridades investigativas, los criterios empleados para escoger los expedientes y los fundamentos que justifican las medidas cautelares solicitadas, subrayando que «la transparencia también obliga al órgano persecutor a ser transparente».
Asimismo, condenó las filtraciones de datos y los juicios mediáticos que, a su criterio, pueden ocasionar perjuicios reputacionales antes de que exista una sentencia firme, defendiendo la presunción de inocencia y llamando a los jueces a ejercer un control estricto sobre la calidad de la evidencia, sin importar la notoriedad del caso.
La abogada señaló también falencias en las investigaciones patrimoniales y financieras, destacando la carencia de peritos independientes y de mecanismos adecuados para validar las pruebas recabadas.
Advirtió sobre los peligros de recurrir de manera desmedida a la prisión preventiva, insistiendo en que las medidas cautelares deben basarse en criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, y solicitó un mayor control de los acuerdos de colaboración eficaz y de los criterios de oportunidad, exigiendo que las declaraciones de colaboradores sean corroboradas mediante pruebas independientes.
Según Rodríguez, la ampliación de los delitos de corrupción contemplada en el nuevo Código Penal debe ir acompañada de un refuerzo de la capacidad técnica de los organismos encargados de investigar.
Concluyó haciendo un llamado a fortalecer la investigación financiera, a profesionalizar la comunicación institucional y a garantizar una rendición de cuentas efectiva del órgano persecutor.
Su intervención formó parte del seminario de ADOCCO dedicado a analizar los retos que plantea el nuevo Código Penal en materia de transparencia, libertad de expresión y combate a la corrupción.
