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AREGENTINA.- En la petición presentada este jueves, la Fiscalía solicitó penas que oscilen entre cuatro y doce años de reclusión para seis de los siete profesionales de la salud vinculados a la muerte de Diego Armando Maradona, al tiempo que pidió la exoneración del séptimo, al considerar que no intervino en la toma de decisiones terapéuticas del astro.
Los fiscales, en sus alegatos finales, describieron la atención domiciliaria que recibió el exfutbolista durante sus dos últimas semanas como un proceso «anárquico», señalando una «desorganización absoluta», y atribuyeron a los imputados diversas conductas y omisiones que, según su argumentación, influyeron directamente en el fallecimiento.
El médico que la Fiscalía identificó como el referente de Maradona, gracias a una evidencia catalogada como «abrumadora», fue señalado como uno de los dos responsables de un tratamiento en casa calificado de «caótico», «deficiente» y «temerario». El fiscal Patricio Ferrari afirmó que «Luque hizo todo lo posible para que las cosas salgan mal», aludiendo a su falta de profundización en estudios cardiológicos, a la ausencia de gestiones para ingresar al paciente a un centro de rehabilitación especializado y a la decisión de trasladarlo a una vivienda sin condiciones para una atención de alta complejidad. La acusación pide doce años de prisión y diez de inhabilitación profesional por homicidio simple con dolo eventual.
La coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical fue señalada como la otra pieza clave del tratamiento que recibió el ídolo en esa residencia. Según el fiscal, «No verificó las condiciones edilicias y funcionales del lugar a donde llevaron a Maradona, no dotó al domicilio de equipamientos mínimos para reanimación, electrocardiograma, laboratorio o ambulancia, ni profesionales especializados». Además, se le imputa haber generado una desconexión entre los profesionales, no compartir los informes de enfermería con los médicos y no reaccionar ante la hipertensión y la taquicardia detectadas la semana anterior a su muerte.
Se le acusa también de no gestionar el ingreso del paciente en una clínica y de establecer un tratamiento domiciliario en una «vivienda inadecuada» sin verificar su viabilidad. Los fiscales sostienen que ella aprobó el retiro de los acompañantes terapéuticos, ignoró señales compatibles con insuficiencia cardíaca (edema, hinchazón, disnea, voz robótica, fatiga) y falsificó documentos relativos al tratamiento. La Fiscalía solicitó ocho años de prisión y diez de inhabilitación profesional por homicidio simple con dolo eventual y falsedad ideológica.
Otro de los imputados fue acusado de invadir competencias médicas, de limitar la actuación de los enfermeros al suministro de medicación, de ocultar a la familia el verdadero estado del paciente e impedir el contacto directo con él en los últimos días. El fiscal sostuvo que «Restringió el acceso al paciente de sus familiares y de médicos de otras especialidades priorizando las pautas de aislamiento de su tratamiento psicológico». Para este caso, la Fiscalía pidió cinco años de prisión y diez de inhabilitación profesional por homicidio culposo.
Un tercer responsable enfrentó cargos por no supervisar el cumplimiento del servicio ni controlar a los profesionales bajo su mando. Se le imputa la manipulación de las hojas de enfermería del día del fallecimiento y la falta de reacción ante la objeción del paciente a que una enfermera le tomara los signos vitales. La Fiscalía propone cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación profesional por homicidio culposo.
Otro acusado fue señalado por no alertar sobre síntomas evidentes de insuficiencia cardíaca, registrar falsamente que el paciente había sido revisado, no efectuar el cambio de guardia según el protocolo y omitir controles vitales el día del deceso, actos que, según la Fiscalía, podrían haber salvado la vida de Maradona. Se solicita también cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación profesional por homicidio culposo.
En contraste, los cargos contra el médico clínico Di Spagna fueron retirados, pues la Fiscalía determinó que «no revistió el carácter de coordinador ni de médico de cabecera» y que «no ha tenido potestad ni decisión para encaminar la salud del paciente». Di Spagna visitó a Maradona el 12 de noviembre, recomendó estudios y volvió al domicilio el 18 de noviembre, aunque el paciente no lo recibió.
