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El licenciado Marino J. Elsevyf Pineda manifestó su descontento con la forma en que se combate la criminalidad en la República, resaltando que la persecución debe basarse en una investigación rigurosa, en la prevención y en el respeto a las garantías constitucionales.
En una entrevista concedida al programa Toque Final, conducido por Julio Martínez Pozo y transmitido por Antena 7, el jurista planteó que, en lugar de aplicar una supuesta “mano dura”, el Estado debería emplear una “mano inteligente”, apoyada en la acción de los organismos de inteligencia para indagar y perseguir los delitos.
Elsevyf puntualizó que los obstáculos para enfrentar la delincuencia no se reducen a la actuación policial; también forman parte del cuadro deficiente del sistema penal dominicano, de las políticas públicas de persecución, del Ministerio Público, de los tribunales y del régimen penitenciario.
“Lo que falla es el sistema penal dominicano”, afirmó, subrayando la urgencia de revisar y actualizar las políticas públicas orientadas a prevenir y sancionar los ilícitos.
El abogado denunció las ejecuciones extrajudiciales y los llamados “intercambios de disparos”, recordando que la persecución del delito no puede vulnerar el derecho a la vida ni las demás garantías consagradas en la Constitución.
Remitió a los artículos 37, 39, 40, 42, 68 y 69 de la Carta Magna, que garantizan el derecho a la vida, la igualdad, la libertad y la seguridad personal, la integridad física, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
Precisó que nadie debe ser privado de la vida basándose únicamente en sospechas y que los acusados de cometer un delito deben ser llevados ante los tribunales conforme a la normativa vigente.
También destacó las desigualdades en el acceso a la justicia, sobre todo para los sectores vulnerables, y sostuvo que el origen, la residencia o el lugar donde se haya cometido un hecho no deben determinar el trato que la justicia brinda a una persona. “Este país no es para un grupo. Este país es para todos y para eso existe esta Constitución”, reiteró.
Durante la conversación, señaló que desde algunos centros penitenciarios se organizan estafas, robos de información y otras conductas delictivas que afectan a la ciudadanía fuera de las cárceles, lo que a su juicio evidencia fallas en el control penitenciario y en las políticas públicas para impedir que personas privadas de libertad continúen dirigiendo actividades ilícitas.
Propuso que la Procuraduría General de la República implemente sistemas de monitoreo informático que permitan analizar los procesos judiciales y determinar por qué ciertos reclusos reinciden en la recuperación de su libertad, con el fin de detectar irregularidades y asignar responsabilidades dentro del sistema de justicia.
El jurista concluyó que la lucha contra la delincuencia requiere robustecer la investigación, la inteligencia y la prevención, sin descuidar el respeto al debido proceso y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales.
