@abrilpenaabreu
Que el INTRANT haya retenido en Friusa cinco vehículos de transporte y que tres de sus conductores fueran haitianos en condición migratoria irregular no revela un fenómeno nuevo en República Dominicana. Lo verdaderamente increíble es que, a estas alturas, esto siga sucediendo dentro de un sector regulado.
Porque aquí hay una pregunta elemental: ¿cómo llega una persona indocumentada a conducir un vehículo de transporte público?
Un extranjero en condición migratoria irregular no reúne los requisitos exigidos por el propio INTRANT para homologar una licencia extranjera y obtener la dominicana. Por tanto, poco importa que tenga licencia haitiana, estadounidense o china: si está irregularmente en el país, no puede completar legalmente ese proceso de homologación.
Entonces, ¿quién le permitió ponerse detrás del volante? ¿Quién verificó su documentación? ¿Y bajo qué empresa u organización estaba operando?
La Ley 63-17 impulsó la transformación del transporte organizado hacia un modelo empresarial. Y ahí está el punto que también debe discutirse: los antiguos sindicatos no pueden disfrutar de las ventajas de funcionar como empresas y desentenderse de las obligaciones que eso implica.
Es muy cómodo controlar rutas, incorporar miembros, cobrar cuotas y negociar con el Estado, pero no ser responsable absolutamente de nada de lo que hacen quienes operan dentro de esas estructuras.
Y no se trata únicamente de inmigración. Dirigentes del propio transporte han reconocido problemas de consumo de drogas entre choferes. Si a eso ahora se suma la presencia de conductores en condición migratoria irregular, la pregunta es inevitable: ¿qué controles ejercen realmente estas empresas sobre sus conductores?
Si pueden saber quién pertenece a una ruta para cobrarle una cuota, también pueden comprobar si tiene documentos, licencia y habilitación para transportar pasajeros.
El INTRANT hizo bien en actuar, pero retener cinco vehículos no basta. Hay que establecer a qué empresas pertenecían, quién permitió que esos conductores operaran y qué consecuencias habrá para quienes tenían la responsabilidad de supervisarlos.
Porque el régimen de consecuencias no puede terminar siempre en el chofer. Quien controla una ruta también debe responder por quién coloca detrás del volante.
