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El abogado Oliver Moisés Batía Burgos afirma que existen cuatro sentencias definitivas que obligan al Estado a reajustar pensiones y a pagar los montos retroactivos correspondientes, y que la suma reclamada por sus representados supera los RD$53 millones.
Desde su firma Centro Jurídico e Inversiones Batía Ramos, Batía indica que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y el director general de Jubilaciones y Pensiones del Estado podrían ser objeto de procesos judiciales por presunto incumplimiento de esas decisiones.
El jurista puntualiza que cada mes la deuda estatal por los retroactivos a favor de sus cuatro clientes se incrementa, y que las sentencias también ordenan el pago de un importe adicional sobre dicho retroactivo.
Batía detalla que se han emitido cuatro mandatos de pago y actos de puesta en mora a solicitud de los pensionados Manuel Emilio Pérez Suárez, Carlos Jeremías Santana Montás, Juan Bautista Moreno Castro y Leocadio Valentín Lebrón Jiménez.
Dichos actos otorgan un plazo, aún sin especificar, para que los funcionarios cumplan con lo dictado por los tribunales; una vez vencido, el abogado advierte que iniciará nuevas acciones legales contra cada responsable, según la competencia y jurisdicción que les corresponda.
En lo que respecta al ministro Magín Díaz, la vía posible sería elevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia, mientras que el proceso contra la entidad de Jubilaciones y Pensiones seguiría la jurisdicción que corresponda.
Batía recalca que cualquier responsabilidad penal o patrimonial, así como la imposición de sanciones, deben ser determinadas por los órganos judiciales competentes.
Los cuatro pensionados son adultos mayores que dedicaron entre treinta y treinta‑y‑cinco años al servicio del Estado; tras agotar todas las instancias judiciales y obtener sentencias favorables, todavía no han recibido los retroactivos que les corresponden.
Entre las resoluciones citadas se encuentran la sentencia del 26 de marzo de 2026 a favor de Santana Montás, cuyo recurso de casación fue rechazado el 31 de julio de 2026; la sentencia 0030‑1643‑2025‑SSEN‑00286 del 25 de abril de 2025 a favor de Moreno Castro, con decisión del 26 de noviembre de 2025; la sentencia 0030‑1643‑2023‑SSEN‑00912 del 31 de octubre de 2023 para Lebrón Jiménez, con casación el 28 de marzo de 2025; y la sentencia 0030‑1643‑2024‑SSEN‑00833 del 25 de octubre de 2024 a favor de Pérez Suárez.
Batía afirma que ya se han ejecutado los cuatro actos de puesta en mora y los mandatos de pago, paso previo indispensable antes de iniciar acciones por incumplimiento de sentencias firmes.
Las liquidaciones incorporadas a dichos actos, calculadas al momento de su emisión, establecen reclamaciones específicas para cada pensionado y, sumadas, superan los RD$53 millones.
El abogado señala que las diferencias reclaman se remontan a años anteriores y que el monto sigue creciendo mes a mes, pues la deuda retroactiva continúa acumulándose.
Subraya que las sentencias poseen autoridad de cosa juzgada; no se trata de un favor administrativo sino de la exigencia de cumplir decisiones judiciales.
Finalmente, Batía indica que, de persistir el supuesto incumplimiento, presentará acciones como actor civil, y que la responsabilidad de los funcionarios y la posible imposición de sanciones serán determinadas por los tribunales competentes.
