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Madrid, 29 de septiembre (EFE). El máximo tribunal de España dictó este martes una resolución que desestima la querella interpuesta por Julio Iglesias contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por supuesta vulneración de su honor y esfera privada.
El magistrado que preside la Sala Civil indicó que la causa no corresponde a la jurisdicción de este tribunal, sino que debe ser atendida por los juzgados civiles de instancia, conforme a la normativa aplicable.
Los abogados del cantante sostuvieron que la vicepresidenta emitió observaciones tanto en su perfil de la red social Bluesky como durante la transmisión del programa televisivo ‘La Hora de la 1’ de RTVE, en enero pasado, como reacción a la denuncia presentada por dos exempleadas contra Iglesias por presuntos abusos sexuales, denuncia que la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar.
En su publicación en Bluesky, Díaz calificó los testimonios de las exempleadas como “escalofriantes” y agradeció a “las mujeres valientes y a las periodistas” que indagaron los “abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”. Más adelante, en la entrevista televisiva, manifestó que la investigación le provocaba “terror” y “pánico”, señalando que concentraba “todas las vulneraciones de los derechos humanos” sobre mujeres que, según sus palabras, se encontraban en una “posición de inferioridad extrema” tanto como personas como trabajadoras del cantante.
El tribunal recordó que la Ley Orgánica del Poder Judicial concede al Supremo competencia para conocer casos de responsabilidad civil de miembros del Gobierno por actos realizados en el ejercicio de sus funciones, pero concluyó que, en este asunto, las manifestaciones realizadas no guardan la relación suficiente con el desempeño del cargo que justifique el aforamiento.
Según la Sala, aun cuando las declaraciones provienen de una autoridad aforada, no gozan de la inmunidad del cargo, puesto que la vicepresidenta actuó como ciudadana y dirigente político. En la demanda, Iglesias solicitó que Díaz admitiera que sus expresiones constituían una “intromisión ilegítima en el derecho al honor”, que se retractara públicamente y que se le abonara una indemnización más las costas judiciales. Cabe recordar que las dos exempleadas habían imputado al cantante delitos de trata de personas con fines de trabajo forzado, agresión sexual, lesiones y violaciones a derechos laborales, acusación que la Fiscalía archivó por falta de jurisdicción y competencia de los tribunales españoles.
