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ADOCCO argumenta que la permanencia de jueces con historial comprobado favorece la estabilidad, la independencia y el fortalecimiento institucional del Poder Judicial.
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción celebró la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura de prolongar siete años el cargo de cinco miembros de la Suprema Corte, tras concluir la valoración de su desempeño.
Los magistrados confirmados son Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico, quienes continuarán en el máximo tribunal durante los próximos siete años.
Según ADOCCO, dicha decisión reconoce la experiencia acumulada y la conducta ejemplar de quienes han desarrollado su carrera en la judicatura, al tiempo que destaca que las evaluaciones deben basarse en parámetros objetivos como capacidad, integridad, productividad, independencia y desempeño.
La entidad aclara que la renovación de los órganos judiciales no equivale necesariamente a la sustitución de magistrados competentes; por el contrario, mantener a quienes demuestran méritos y resultados refuerza la institucionalidad y la seguridad jurídica.
“La valoración de un juez no debe convertirse en un mecanismo de reemplazo automático. Cuando un magistrado ha demostrado su capacidad, independencia, integridad y desempeño adecuado, su permanencia fortalece la carrera judicial y la estabilidad institucional del sistema de justicia”, expresó ADOCCO.
La organización añadió que la independencia judicial requiere, además de protecciones frente a presiones externas, mecanismos institucionales que permitan a los jueces desarrollar sus carreras bajo principios de mérito, sin incertidumbres que comprometan la naturaleza de la función jurisdiccional.
ADOCCO subrayó la necesidad de que el Consejo Nacional de la Magistratura continúe perfeccionando la transparencia y objetividad de sus procesos de evaluación y selección, de modo que las decisiones sobre la composición de los altos tribunales generen confianza tanto entre los operadores del sistema como entre la ciudadanía.
Se recordó que el CNM había llevado a cabo entrevistas de evaluación a los integrantes de la Suprema Corte sujetos al proceso y, posteriormente, deliberó sobre su continuidad. Conforme a la normativa vigente, la confirmación de los cinco magistrados se realizó bajo las disposiciones del artículo 179 de la Constitución, la Ley número 138‑11 y el Reglamento número 2‑25 sobre evaluación de desempeño de los jueces de la SCJ.
Para ADOCCO, el robustecimiento del Poder Judicial exige combinar de manera adecuada la renovación, la experiencia, la independencia, la capacidad profesional y la estabilidad, evitando que los procesos de evaluación sean percibidos como instrumentos sujetos a consideraciones ajenas al desempeño jurisdiccional.
“Una justicia independiente necesita jueces independientes, pero también instituciones capaces de reconocer y preservar la experiencia, el mérito y el buen desempeño de quienes administran justicia”, afirmó la organización.
En última instancia, ADOCCO expresó su expectativa de que el proceso que el Consejo Nacional de la Magistratura emprenda para cubrir las plazas vacantes en la Suprema Corte se distinga por su transparencia, rigor y la selección de profesionales de reconocida competencia e integridad.
Tras dicha resolución, el CNM comunicó que aún quedan seis vacantes por cubrir en la Suprema Corte de Justicia, proceso que permanece abierto para la recepción de propuestas y postulaciones.
