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Sofía Yaismel Martines Pion.
El Poder Ejecutivo entregó este miércoles a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley cuyo objetivo es autorizar la construcción de un nuevo estadio de béisbol en el Ensanche La Fe, cumpliendo con la capacidad y los requisitos que exigen los partidos de Grandes Ligas en la República.
El borrador fue remitido al presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, por medio de una comisión encabezada por el asesor jurídico del Ejecutivo, Jorge Subero Isa, quien explicó que el proyecto prevé una estructura mixta, público‑privada, destinada a levantar el estadio y a desarrollar proyectos inmobiliarios complementarios sobre terrenos de propiedad estatal.
Subero Isa subrayó que uno de los ejes centrales de la normativa es impedir que los bienes estatales sean cedidos al sector privado sin que el gobierno reciba una compensación adecuada y mantenga una participación en la dirección del emprendimiento.
«Que no se vea que el Estado va a entregar pura y simplemente unos terrenos a cambio de nada», declaró el consultor, señalando que el punto que demandó mayor análisis fue la definición del vehículo jurídico y comercial mediante el cual se materializaría la operación.
El esquema propuesto constituye una alianza entre ambos sectores, pero se plantea fuera del marco regulatorio de la Ley de Alianzas Público‑Privadas (APP).
Según explicó Subero Isa, se optó por una legislación específica porque brinda mayores garantías al proyecto y dificulta que las condiciones pactadas puedan ser modificadas sin una nueva aprobación del Congreso Nacional.
«A través de una ley se va a comprometer mucha gente: se va a comprometer el Congreso Nacional, el Ejecutivo y la comunidad», afirmó, remarcando que el presidente Luis Abinader ha reiterado que la iniciativa debe entenderse como un proyecto de alcance comunitario y no solo como una transacción inmobiliaria entre el Estado y empresas privadas.
El Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) sería el ente estatal que represente los intereses públicos dentro de la estructura diseñada para llevar a cabo el complejo, garantizando la participación del Estado en todo momento.
Mientras el sector privado tendría un amplio margen de participación según los estatutos que se redacten, Subero Isa aseguró que «el interés del Estado está 100 % garantizado».
La normativa también incluye disposiciones para que el Estado conserve una participación en la gestión del Estadio Quisqueya Juan Marichal y del Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz, ambas instalaciones ubicadas dentro del área que se intervendría.
El proyecto trasciende la mera construcción del nuevo estadio; se prevé la elaboración de un plan maestro que podría integrar hoteles, centros comerciales, viviendas y otros desarrollos inmobiliarios, cuya composición final dependerá de las propuestas que presenten los inversionistas.
La intervención abarcaría una extensión considerable de terrenos estatales en el Ensanche La Fe, lo que, según las autoridades, podría provocar una transformación urbana y una revalorización comercial de la zona.
Alfredo Pacheco manifestó su respaldo al proyecto y se comprometió a impulsar su discusión en el Congreso, argumentando que permitirá aprovechar terrenos actualmente subutilizados y dotar al país de una instalación apta para recibir partidos de Grandes Ligas.
El legislador anticipó que la revalorización no se limitaría al Ensanche La Fe, sino que también beneficiaría a sectores colindantes como Cristo Rey, La Agustina, Naco y Arroyo Hondo, generando una inversión de gran magnitud en la zona.
Finalmente, se indicó que el modelo jurídico adoptado toma como referencia la estructura utilizada para la Corporación Turística Cabo Rojo, adaptándola a las particularidades del proyecto deportivo, urbano e inmobiliario del Ensanche La Fe.
