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El martes 8 de septiembre se ejecutó en el país el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2026, una práctica que congregó a millones de dominicanos y puso a prueba los protocolos de salida y respuesta ante la eventualidad de un sismo de gran intensidad.
El ejercicio fue orquestado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en conjunto con los organismos que forman el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. Tomaron parte entidades públicas y privadas, centros educativos, agrupaciones sociales y ciudadanos de distintas regiones, activándose simultáneamente los procedimientos previstos en todo el territorio. Cada participante debía aplicar las medidas de protección indicadas y, posteriormente, abandonar los edificios de forma ordenada hacia los puntos de reunión previamente designados.
Según los datos preliminares que proporcionó el director del COE, alrededor de 3.2 millones de personas se involucraron en la simulación. Para la actividad estaban registrados más de 12,500 instituciones, empresas y centros académicos. El propio Olivares señaló que en simulacros anteriores la cifra había fluctuado entre 2.5 y 2.7 millones, lo que indica un incremento notable en la participación ciudadana.
El simulacro sirvió también para validar herramientas tecnológicas recientes. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9‑1‑1 activó su plataforma de mensajería masiva, la cual permitió enviar alertas simultáneas a teléfonos móviles ubicados dentro de áreas específicas; el mensaje de prueba alcanzó a más del 50 % de la población dominicana. Además, se puso a prueba una solución de drones de primera respuesta que transmitió imágenes y videos en tiempo real al Centro Integral de Despacho del 9‑1‑1.
Las fuentes consultadas recordaron la existencia de la falla que recorre el norte de la isla, una zona que representa una amenaza significativa para el Valle del Cibao. Estudios del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) consideran esa falla como una fuente de alto potencial sísmico en una región densamente poblada, y la historia ha demostrado que los grandes terremotos no son una mera hipótesis.
En este contexto, la Oficina Nacional de Evaluación y Seguridad en Vivienda (ONESVIE) ha subrayado la urgencia de actualizar y reforzar, mediante legislación, las normas de construcción sismorresistente, así como de intervenir las edificaciones catalogadas como frágiles. El proceso de inspección está en marcha; en 2025 se evaluaron 292 edificios públicos, 206 privados y 262 infraestructuras, entre hospitales, escuelas y vías, lo que evidencia la magnitud del trabajo pendiente.
Se anticipan nuevos avances y decisiones relacionadas con la preparación sísmica del país en los próximos meses.
