RDalDescubierto
La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) afirma que el país ya cuenta con un conjunto suficiente de normas jurídicas para enfrentar los delitos contra el entorno natural.
Desde esa comisión se comunicó su postura frente al reciente Decreto 615‑26, cuya finalidad es reforzar la persecución de los ilícitos ambientales y asegurar la protección de las zonas protegidas.
Aunque reconoce de forma positiva cualquier iniciativa que busque detener, controlar y reducir las actividades delictivas que dañan la naturaleza, advirtió que la continua pérdida de bosques, montañas, ríos, humedales, áreas protegidas y biodiversidad no proviene de la ausencia de instrumentos legales, sino del incumplimiento de las obligaciones institucionales establecidas en la normativa vigente.
Según la entidad, la República Dominicana dispone de un amplio marco jurídico encabezado por la Constitución y complementado, entre otros, por la Ley 64‑00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 202‑04 de Áreas Protegidas y la Ley 333‑15 de Biodiversidad, sin dejar de mencionar los planes de manejo, reglamentos, normas y los acuerdos internacionales vinculantes.
“Lo que se necesita es poner en práctica las herramientas jurídicas existentes”, enfatizó la Comisión.
La Academia indicó que, con voluntad política, una planificación adecuada y un compromiso institucional serio, sería posible robustecer la defensa de los recursos naturales y enfrentar de manera más eficaz las infracciones ambientales; además, manifestó su preocupación por la tardía respuesta ante problemas que exigen prevención, controles efectivos y una aplicación constante de la legislación, criticó la actuación del Ministerio de Medio Ambiente en casos de daño ambiental y cuestionó el desempeño de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).
En conclusión, la Academia de Ciencias señaló que mantendrá una vigilancia permanente sobre el cumplimiento de los compromisos anunciados y la ejecución efectiva de las medidas previstas en el decreto, reiterando su disposición a colaborar en la defensa y preservación del patrimonio natural dominicano.
