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El jueves, dos ex empleadas del cantante presentaron ante la Audiencia Nacional de España una nueva denuncia penal, solicitando que se reabra la investigación sobre los presuntos abusos que habrían ocurrido en sus residencias de Bahamas y la República Dominicana.
Las denunciantes, que utilizan los nombres ficticios Rebeca y Laura para proteger su identidad, aseguran haber sido víctimas de agresiones sexuales, acoso y condiciones laborales abusivas mientras laboraban y habitaban en esas propiedades.
Esta iniciativa judicial se produce varios meses después de que la Fiscalía española archivara la denuncia anterior, argumentando que los tribunales del país no tenían competencia para investigar hechos supuestamente cometidos en el extranjero sin vínculos relevantes con España.
Según un comunicado de Women’s Link, la organización que asesora a mujeres, la nueva petición sostiene que Iglesias habría aprovechado su posición de poder y la vulnerabilidad de las víctimas para capturarlas, trasladarlas y alojarlas en sus casas, creando un entorno de intimidación.
La entidad indica que los hechos denunciados podrían encuadrarse como delitos de trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre, crímenes contra la libertad e indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y violaciones de los derechos laborales.
Asimismo, las ex empleadas solicitaron al tribunal la adopción de medidas de protección específicas durante todo el proceso judicial, para que puedan ejercer su derecho a la justicia en condiciones de seguridad y dignidad, petición que Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link, respaldó al declarar: “Se debe garantizar que puedan acceder a la justicia en condiciones de seguridad y dignidad. Es fundamental”.
Julio Iglesias ha negado rotundamente las acusaciones, afirmando que nunca cometió acoso ni agresión sexual y que ha difundido supuestos mensajes de las denunciantes con la intención de desacreditarlas.
El caso, que la Fiscalía cerró en enero de 2026, será ahora analizado por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen abrir una nueva investigación; Iglesias también anunció que interpondrá una demanda contra un medio digital que se negó a retractarse del reportaje en su contra.
