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Este martes, la Asamblea Nacional nicaragüense, controlada por el oficialismo, aprobó en primera votación una reforma constitucional que prohibirá la participación de partidos de la oposición en próximas elecciones y ampliará el periodo de los cargos electivos de seis a siete años, abarcando también la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El anteproyecto, avalado por la dupla dirigente, obtuvo unanimidad en una sesión extraordinaria que se llevó a cabo frente a la catedral de León, ciudad ubicada a unos 90 km al noroeste de Managua.
Al concluir la votación del artículo, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea, anunció: “Aprobada por unanimidad”.
Según la legislación nicaragüense, la reforma tiene que ser sometida a una segunda votación a partir del 18 de enero, ya que cualquier modificación a la Constitución necesita ser ratificada en dos legislaturas diferentes antes de entrar en vigor.
Aparte de extender el mandato presidencial a siete años, la propuesta también amplía la duración de los mandatos de otros cargos electos, incluidos los puestos de máximo mando del Ejército y de la Policía Nacional.
Este cambio ocurre mientras la concentración del poder político se intensifica en Ortega y Murillo, quienes gobiernan Nicaragua desde hace casi dos décadas.
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, tomaron la copresidencia tras la reforma constitucional de 2024, la cual había aumentado el periodo presidencial de cinco a seis años y pospuso las elecciones de finales de 2026 a finales de 2027.
Líderes opositores que viven en el exilio expresaron su preocupación, argumentando que vetar a sus partidos de los comicios busca afianzar la permanencia del poder en la familia Ortega‑Murillo.
La oposición en Nicaragua quedó prácticamente desmantelada tras las protestas de 2018, cuya represión, según la ONU, cobró más de 300 vidas.
Después de esos acontecimientos, miles de nicaragüenses, incluidos dirigentes políticos, intelectuales y religiosos, huyeron del país; varios fueron privados de la nacionalidad y tachados de “traidores a la patria”.
El oficialismo argumenta que las protestas de 2018 fueron un intento de golpe de Estado respaldado por EE. UU., mientras Washington y otras capitales describen al gobierno de Ortega como autoritario.
El 19 de julio, Ortega anunció públicamente que Nicaragua no celebrará elecciones, alegando que así se impide que la oposición recupere el poder.
Sus declaraciones provocaron críticas de varios países centroamericanos y de naciones como Bolivia, Brasil y Chile, que calificaron la medida como un nuevo retroceso democrático.
Por su lado, EE. UU. ha pedido a la comunidad internacional que aumente el aislamiento del gobierno nicaragüense, y Panamá retiró a su embajador de Managua.
Los dirigentes opositores en el exilio también alertaron que los cambios constitucionales podrían estar ligados a una posible sucesión dentro de la familia Ortega‑Murillo, en un contexto donde la salud del presidente ha sido objeto de escrutinio público.
La reforma sancionada este martes intensifica el proceso de transformación institucional liderado por el oficialismo nicaragüense y aún aguarda una segunda votación legislativa que consolidará su entrada en vigor.
