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El tribunal de justicia de Honduras desechó de forma oficial las acusaciones de actos ilícitos que se habían interpuesto contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, quien había sido beneficiado con un indulto en Estados Unidos después de cumplir parte de una condena vinculada al narcotráfico.
El político, de 57 años, que ejerció la presidencia del país entre 2014 y 2018, fue señalado por la Fiscalía por presuntamente desviar cerca de US$2 millones del presupuesto nacional con la intención de financiar su candidatura presidencial de 2013.
No obstante, el magistrado encargado del caso determinó que el exmandatario “no autorizó” ni “administró” esos recursos, los cuales fueron entregados por la administración mientras él ocupaba la presidencia del Congreso Nacional, según informó a los medios el portavoz del Poder Judicial.
El funcionario judicial añadió que no se halló evidencia de incremento patrimonial alguno en Hernández, motivo por el cual se dictó un sobreseimiento definitivo y se ordenó la expedición de su documento de libertad.
“Con esta resolución se cierra el capítulo de una persecución de índole política; también se cerró en EE. UU. y ahora se cierra aquí”, declaró Hernández a los medios fuera del juzgado en Tegucigalpa.
La Fiscalía había requerido que el exmandatario enfrentara un proceso penal por fraude y lavado de dinero, solicitando además su detención preventiva durante la fase investigativa.
La decisión judicial generó críticas de sectores que cuestionan la gestión del exgobernante; “Es una afrenta para todos los hondureños que sufren la corrupción”, comentó una activista anticorrupción a la AFP.
Hernández había calificado el proceso judicial en su país como una «caza de brujas», término que también empleó para referirse a la sentencia de 45 años de prisión impuesta en EE. UU., la cual fue anulada tras el indulto concedido por Trump a finales de 2025.
Otro expresidente de Honduras, cuyo nombre no se menciona, que gobernó entre 2010 y 2014, también resultó exonerado de cargos relacionados con el mismo caso de corrupción, sin que hasta la fecha se haya dictado condena alguna.
Esta determinación representa otra victoria legal para Hernández, conocido por sus iniciales J.O.H., quien además busca recuperar los bienes embargados después de su extradición a EE. UU.
En 2024, un tribunal federal de Nueva York lo condenó por conspirar para introducir cientos de toneladas de cocaína en territorio estadounidense.
Según la acusación, Hernández habría colaborado con narcotraficantes, entre ellos el mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien cumple cadena perpetua en EE. UU.
Los fiscales estadounidenses argumentaron durante el juicio que el exmandatario utilizó su cargo político para favorecer operaciones de narcotráfico y contribuir a convertir a Honduras en una zona de tránsito.
Uno de los testigos aseguró que Hernández habría dicho: “Le vamos a meter la droga en sus propias narices y no se van a dar ni cuenta”.
Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente, está cumpliendo cadena perpetua en EE. UU. por delitos vinculados al narcotráfico.
Regreso al panorama político hondureño
El indulto otorgado por Trump se produjo pocos días antes de las elecciones presidenciales de Honduras en noviembre de 2025.
Al anunciar el perdón, el exmandatario solicitó públicamente el voto para el candidato conservador aliado de Hernández, advirtiendo sobre posibles repercusiones en la ayuda estadounidense a Honduras.
Ese candidato resultó vencedor por un estrecho margen, en medio de denuncias de fraude presentadas por sectores opositores, denuncias que fueron desestimadas por observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Trump sostuvo que el proceso contra Hernández había sido impulsado durante la administración de su predecesor, aunque parte de la investigación se inició en el primer mandato del propio presidente republicano.
La trayectoria política de Hernández ha estado marcada por acusaciones de corrupción y por la polémica reelección presidencial de 2017.
De acuerdo con la Fiscalía hondureña, entre 2010 y 2013, cuando Hernández presidía el Congreso Nacional, habría participado en un esquema que desvió recursos destinados a proyectos agrícolas para financiar su campaña presidencial.
La investigación indica que en la maniobra se emplearon empresas fantasma, testaferros y contratos ficticios para canalizar el dinero.
