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El abogado pide reevaluar la proporcionalidad entre los derechos de los ciudadanos y las demandas que genera la actividad delictiva.
Durante su alocución enfatizó la necesidad inmediata de alterar tanto el cuerpo procesal como las leyes sectoriales, con el objetivo de fortalecer la investigación y castigo de la delincuencia ordinaria y del crimen organizado.
En la segunda edición del Congreso Internacional de Derecho, que se realizó en Puerto Plata bajo el tema “Estado constitucional, democracia y garantías fundamentales”, Alcántara indicó que, pese a contar con un Código Penal recién aprobado que incorpora conductas antes omitidas, resulta crucial observar el procedimiento que antecede la decisión final de los juzgados.
El jurista reiteró que las normas que rigen los procesos judiciales deben endurecerse, para impedir que individuos imputados por crímenes graves accedan con facilidad a la libertad provisional o a la absolución.
Planteó que es imprescindible volver a examinar la legislación procesal, particularmente en lo concerniente a los derechos tanto individuales como colectivos, a fin de que los organismos responsables de la vigilancia, protección, persecución y castigo dispongan de los instrumentos adecuados contra el crimen organizado y demás conductas delictivas.
Señaló que los criterios de imposición de penas ya figuran en el nuevo Código Penal, aunque cuestionó las libertades que, según su perspectiva, podrían originarse de algunos procedimientos previstos en la normativa procesal.
En esa línea, argumentó que el régimen vigente puede generar situaciones que favorezcan la comisión de ilícitos al conceder garantías que, a su modo de ver, “colocan al mismo nivel a quienes no infringen la ley con quienes sufren las consecuencias de actos contrarios a la normativa”.
El abogado también propuso reevaluar la función de los agentes encargados de la vigilancia, persecución y sanción del delito, de forma que la legislación les imponga actuar conforme a los deberes inherentes a cualquier servidor público.
En su exposición, el jurista, politólogo y comunicador subrayó que el crimen organizado y la delincuencia contemporánea constituyen un reto complejo, impulsado por la morosidad legislativa, la corrupción institucional y la obsolescencia tecnológica.
“Frente a esta situación, los Estados democráticos deben reaccionar con contundencia, sin abandonar sus principios básicos”, declaró.
Para concluir, Alcántara sostuvo que una normativa robusta no es la que vulnera los derechos de la población, “sino la que emplea la inteligencia, la tecnología, la reforma policial y una postura firme contra la corrupción para enfrentar el crimen organizado”.
