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La Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) posee la capacidad de determinar de forma autónoma los destinos de inversión de los recursos aportados por sus afiliados, sin estar sujeta a una norma que le imponga una política de colocación determinada.
Esa independencia le habilita a repartir sus carteras entre diversos instrumentos financieros y sectores productivos, siempre respetando los criterios generales de rentabilidad y tolerancia al riesgo que la propia entidad define.
Sin embargo, analistas del área advierten que la normativa vigente podría ampliarse para incorporar mayores mecanismos de control y supervisión, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los cotizantes y lograr una mayor claridad en los procesos de inversión.
En los últimos diálogos, representantes oficiales y portavoces de la AFP coincidieron en que una actualización normativa no pretende reducir la posibilidad de obtener rendimientos, sino establecer instrumentos que prevengan eventuales conflictos de interés y fortalezcan la rendición de cuentas.
Así, mientras la AFP mantiene plena discreción al asignar los recursos, se anticipa que en los próximos meses se analizarán iniciativas legislativas orientadas a equilibrar la libertad de inversión con un marco regulatorio más sólido.
