@abrolpenaabreu
La autonomía constitucional no es una licencia para gastar sin explicar y mucho menos cuando se administra dinero público.
Una investigación de Diario Libre, elaborada con datos entregados por la propia Junta Central Electoral, revela que la institución destinó unos RD$32.3 millones a boletos aéreos, viáticos y gastos de bolsillo durante un período de año y medio.
Uno de los viajes que más llama la atención llevó a dos miembros de la JCE por Suiza, Italia, Países Bajos y España. La misión duró 14 días y costó US$35,922.60, equivalentes a unos RD$2.19 millones.
Solamente en viáticos fueron entregados US$22,400, a razón de 800 dólares diarios para cada funcionario. Los boletos, adquiridos en clase ejecutiva, costaron otros US$13,522.60.
La JCE sostiene que esos gastos fueron realizados conforme a sus normas y que las misiones estaban relacionadas con la organización del voto dominicano en el exterior.
Pero responder que un gasto estaba autorizado no resuelve la discusión.
La legalidad administrativa representa apenas el punto de partida. Las instituciones también deben demostrar que sus decisiones fueron necesarias, razonables y proporcionales al beneficio recibido por el país.
La autonomía de la JCE existe para proteger el sistema electoral frente a las interferencias políticas. No fue concebida para colocar a sus miembros fuera del escrutinio público.
Tampoco es saludable que una institución responda con susceptibilidad cuando la prensa examina sus gastos. El periodismo no tiene la obligación de aceptar una factura sin preguntar qué recibió la sociedad a cambio.
La respuesta correcta sería publicar las agendas completas de las misiones, las actividades realizadas, los comprobantes correspondientes y los resultados obtenidos. Si los viajes eran indispensables, la documentación debería demostrarlo sin dificultad.
La Junta Central Electoral administra mucho más que elecciones. Administra una parte esencial de la confianza democrática del país. Por eso, sus funcionarios deben comprender que cada privilegio, cada boleto y cada dólar entregado como viático está sujeto al derecho de los ciudadanos a preguntar.
La credibilidad electoral también se construye administrando responsablemente los recursos públicos.
La JCE puede defender la pertinencia de sus viajes. Lo que no puede pretender es que su autonomía constitucional convierta sus gastos en un tema prohibido.
Porque en una democracia nadie que administre dinero público está por encima de la rendición de cuentas.
