@abrilpenaabreu
Dos ataques contra conductores del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) en apenas seis meses deberían ser suficientes para encender todas las alarmas.
El más reciente ocurrió el 29 de octubre en La Romana, donde un individuo presuntamente lanzó una piedra contra el parabrisas de un autobús que transportaba estudiantes. Una acción que pudo provocar una tragedia de consecuencias incalculables.
Hay que reconocer que las autoridades han actuado en ambos casos. Sin embargo, la repetición de estos hechos obliga a preguntarnos si las consecuencias han sido lo suficientemente contundentes como para generar el efecto disuasorio que necesitamos.
Porque no basta con detener a los responsables. Es necesario que exista la certeza de que semejantes agresiones tendrán consecuencias penales serias.
Atacar deliberadamente un autobús escolar lleno de niños no es una simple imprudencia. Es una conducta que puede sembrar el terror y costar numerosas vidas.
Por eso considero que debemos abrir el debate sobre si determinadas agresiones de esta naturaleza, cuando reúnan los requisitos legales, podrían constituir terrorismo. Y cuando no los reúnan, debería existir una tipificación agravada que refleje el peligro extraordinario al que se expone a los menores.
No se trata de pedir castigos al margen de la ley, sino de exigir que la ley proteja adecuadamente a quienes son más vulnerables.
El TRAE es una conquista social que beneficia a miles de familias dominicanas. Sus conductores merecen protección y nuestros estudiantes tienen derecho a trasladarse sin miedo.
El respeto a la vida no puede depender únicamente de la conciencia individual. También necesita instituciones capaces de hacer cumplir la ley y sanciones proporcionales que disuadan a quienes pretendan violentarla.
La Policía Nacional, el Ministerio Público y las autoridades educativas deben reforzar la prevención y garantizar que estos casos no terminen diluyéndose en el tiempo.
Y si las herramientas legales actuales resultan insuficientes, corresponde al Congreso Nacional revisarlas.
Porque hay algo que no podemos permitirnos: esperar a que un autobús escolar se accidente, muera un conductor o perdamos a nuestros niños para tomar las medidas que debimos adoptar antes.
Las autoridades han respondido. Ahora necesitamos que esa respuesta sea lo suficientemente efectiva para evitar un tercer ataque.
La seguridad de nuestros estudiantes no admite medias tintas y la prevención no puede llegar después de la tragedia.
