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Baní: una obra pública también debe rendir cuentas por lo que destruye

by Redaccion
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@abrilpenaabreu

Una remodelación debe mejorar la vida de la gente. Por eso, la tala de árboles durante los trabajos en la Gobernación de Peravia y las oficinas gubernamentales de Baní exige algo más que expresiones de pesar: hace falta explicar quién tomó la decisión, con qué fundamento y bajo cuál supervisión.

El alcalde Santo Ramírez afirmó que los responsables de los trabajos no solicitaron autorización al Ayuntamiento para intervenir los árboles en los espacios exteriores. También informó que notificó al contratista y a Bienes Nacionales, institución que, según explicó, contrató la obra. Es un señalamiento concreto que debe aclararse con documentos. 

El senador Julito Fulcar rechazó la tala y atribuyó su ejecución a la empresa contratista durante un fin de semana. Sostuvo, además, que la gobernadora no participó en la decisión y propuso un plan permanente de reforestación. Esa es su versión y corresponde contrastarla con el expediente y la supervisión del proyecto. 

Porque atribuir el corte al contratista no resuelve la responsabilidad institucional. Una obra contratada por el Estado necesita controles. Si la eliminación de los árboles estaba contemplada, debe explicarse quién aprobó ese diseño. Si no lo estaba, hay que establecer por qué se ejecutó y qué hizo la institución contratante al conocer lo ocurrido.

La respuesta ambiental tampoco puede quedarse en remitir preguntas a otra oficina. Consultado sobre el caso, el director provincial de Medio Ambiente, Freddy Montero, señaló que las informaciones oficiales correspondían a las instancias nacionales del ministerio. Esa remisión deja pendiente la explicación central: qué evaluación y qué autorizaciones sustentaron la intervención. 

No corresponde dar por demostrado que todos los árboles estaban sanos, ni aceptar sin pruebas que era indispensable eliminarlos. Precisamente para eso existen las evaluaciones técnicas: para distinguir un riesgo real de una decisión de diseño. La ciudadanía necesita conocerlas, junto con la cantidad y las especies de los ejemplares cortados.

Reforestar es necesario, pero no sustituye la rendición de cuentas. El plan debe indicar dónde se sembrará, qué especies se utilizarán, quién asumirá el costo y quién garantizará su mantenimiento. Una jornada de fotografías y plantas recién colocadas no basta para reparar la pérdida.

También hace falta revisar cómo se conciben estas remodelaciones. La sombra y la vegetación deben incorporarse desde el diseño, junto con las aceras, la accesibilidad y los servicios. Son parte del espacio que utiliza la población.

RD al Descubierto exige una explicación documentada, una revisión de las responsabilidades y un plan verificable de recuperación. El dinero público obliga a responder tanto por lo que se construye como por lo que se elimina para construirlo.

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