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El Gobierno, a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), ejercerá presión sobre las micro y pequeñas empresas y sobre las personas físicas que no estén clasificadas como grandes contribuyentes y que no se incorporen al sistema de facturación electrónica antes del 15 de noviembre.
Esta medida se presenta en un contexto de tensión económica para los pequeños comercios, que se ven afectados por el alza de los precios de los combustibles, la escasez de efectivo circulante y el incremento de los costos operativos, una combinación que pone en riesgo a numerosos emprendedores que intentan mantener sus puertas abiertas.
Para varios establecimientos, la suma de esas presiones podría resultar en el punto de quiebre que acelere el cierre de negocios que ya operan con márgenes muy ajustados y con dificultades para cubrir sus gastos.
Aunque el director general de la DGII, Pedro Urrutia, informó que la entidad está trabajando en un mecanismo simplificado para facilitar la incorporación de los pequeños negocios, aún se desconoce cuándo estará disponible y bajo qué condiciones podrán acceder a esa herramienta.
Urrutia explicó que la iniciativa, denominada provisionalmente, permitiría a los pequeños comerciantes registrarse en cuatro pasos desde un teléfono móvil y enlazarse directamente con el sistema de facturación electrónica.
El funcionario manifestó que espera tener listo el mecanismo a mediados de octubre.
Sin embargo, a pocos días de concluir ese mes, los contribuyentes requieren información precisa sobre su puesta en marcha y las facilidades que tendrán para completar el proceso antes de la fecha límite.
El último plazo de seis meses concedido a las pequeñas empresas vence el 15 de noviembre, lo que reduce el tiempo disponible para quienes todavía no han finalizado la adaptación.
Pequeños negocios al borde de desaparecer, pues deben ajustar sus procedimientos administrativos y tecnológicos mientras intentan sostener sus operaciones en un escenario de mayores costos y dificultades económicas.
La falta de información oportuna sobre las herramientas anunciadas podría incrementar la incertidumbre entre comerciantes, emprendedores y trabajadores independientes, especialmente entre quienes necesitan orientación para cumplir con los nuevos requerimientos.
Ante la proximidad de la fecha límite, se espera que la DGII informe si el mecanismo prometido ya está disponible, cómo podrán utilizarlo los contribuyentes y qué asistencia ofrecerá a quienes enfrenten dificultades para incorporarse al sistema.
El desafío para las autoridades será garantizar que los pequeños negocios cuenten con información clara y herramientas accesibles para cumplir con esta obligación tributaria, sin que las dificultades de adaptación se sumen a las presiones económicas que ya amenazan la continuidad de muchos establecimientos.
Para miles de emprendedores, la preocupación principal es mantener sus negocios funcionando, conservar los empleos que generan y evitar que la acumulación de obligaciones y costos los empuje al cierre definitivo.
En síntesis, la exigencia de adoptar la facturación electrónica antes del 15 de noviembre representa un reto crucial para el sector de micro y pequeñas empresas en medio de una coyuntura económica adversa.
