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El 20 de octubre, la autoridad rusa comunicó que la escalada de presiones contra Cuba, impulsada por la política estadounidense, tiene el potencial de desestabilizar toda la región latinoamericana y caribeña.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa afirmó que la mayor tensión en torno a la «Isla de la Libertad» –en medio de un bloqueo comercial, económico, financiero y energético sin precedentes– podría desencadenar un desbalance generalizado en Latinoamérica y el Caribe.
Según la Cancillería de Moscú, una explosión social en la isla provocaría una migración masiva de cubanos hacia países vecinos, generando una amenaza de crisis social para esas naciones.
Esta advertencia se produjo después de que un juez de Miami emitiera una orden de arresto contra el histórico dirigente cubano y ex presidente Raúl Castro.
Moscú expresó su rechazo categórico y condenó enérgicamente dicha orden, calificándola de acusación infundada y fabricada, presentada más de treinta años después de los hechos ocurridos en febrero de 1996.
La diplomacia rusa subrayó que las evaluaciones políticas y jurídicas de aquel episodio quedaron asentadas en la resolución 1067 (1996) del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual no contiene llamamientos a responsabilizar a ninguna persona, lo que indica el consenso del Consejo, incluido EE.UU., de que el caso quedó cerrado.
«La presentación de una acusación infundada y fabricada más de 30 años después no parece otra cosa que la venganza del ‘lobby’ anticubano de Miami, el deseo de ajustar cuentas con Castro, quien cumplió 95 años en junio», señaló el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores.
Rusia vinculó esta decisión judicial con los acontecimientos ocurridos a principios del presente año en Venezuela, donde el presidente fue secuestrado en violación de todas las normas y principios del derecho internacional. En ese marco, la Cancillería reafirmó su solidaridad inquebrantable con el gobierno cubano y confía en que el pueblo cubano y sus dirigentes responderán con dignidad a este nuevo ataque de los detractores extranjeros.
El 24 de febrero de 1996, dos avionetas fueron derribadas sobre el estrecho de Florida por cazas de la Fuerza Aérea cubana, provocando la muerte de cuatro personas: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
Durante tres décadas, Estados Unidos ha sostenido de forma errónea que los fallecidos eran civiles inocentes en una misión humanitaria, pero diversas pruebas desmienten esa versión; la organización había sido fundada en Miami por José Basulto en 1991.
La narrativa oficial estadounidense describió a los involucrados como un supuesto «disidente cubano» que ayudaba a sus compatriotas a llegar a EE. UU., sin embargo la evidencia disponible muestra una prolongada actividad paramilitar contra la Revolución cubana bajo auspicios de la CIA, con participación en la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y en numerosas operaciones encubiertas, algunas de las cuales admitidas públicamente.
Desde 1994, el grupo ‘Hermanos al Rescate’ llevó a cabo incursiones en territorio cubano para ejecutar actividades subversivas, como el lanzamiento de panfletos y propaganda antigubernamental sobre La Habana. Dos años después, en enero de 1996, infiltró un equipo de NBC para transmitir en directo mientras sus aeronaves sobrevolaban la capital cubana.
Frente a estos hechos reiterados, la Cancillería cubana remitió 25 notas diplomáticas a la administración del entonces presidente Bill Clinton, con el objetivo de advertir sobre las violaciones continuas del espacio aéreo y exigir el retiro de las licencias a esos pilotos. A pesar de las advertencias, las autoridades estadounidenses siguieron aprobando los planes de vuelo y permitiendo la salida de las aeronaves de forma sistemática.
