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La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) ha dirigido al presidente del Senado, Ricardo De Los Santos Polanco, una petición para que el pleno trate de manera urgente la iniciativa que modifica el artículo 31 de la Ley número 44‑26, la cual regula la puesta en marcha del régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas.
Según la organización, el plazo de adaptación de tres meses, cuyo vencimiento está fijado para el 5 de noviembre de 2026, resulta insuficiente para que las compañías, y en particular las micro, pequeñas y medianas empresas, puedan absorber las exigencias y los costos que impone el nuevo marco de cumplimiento penal. Si el proyecto siguiera la vía ordinaria, existiría la posibilidad de que sea aprobado después de esa fecha, cuando el régimen ya esté operativo, anulando el objetivo de la extensión del plazo y dejando a miles de negocios sin tiempo para ajustarse.
ANJE vuelve a manifestar su respaldo a un sistema robusto de responsabilidad penal empresarial y a la promoción de una cultura de cumplimiento y prevención, pero insiste en que las empresas dispongan de condiciones reales y proporcionales que les permitan cumplir con la normativa.
