Por Abril Peña
Las victorias de Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú consolidan una transformación que ya había avanzado en Chile, Bolivia, Honduras y otros países. El denominador común no es únicamente un giro hacia la derecha: inseguridad, crimen organizado, migración, frustración económica y rechazo a los gobiernos de turno están modificando las prioridades del electorado. Brasil será la gran prueba en octubre.
Durante buena parte de los primeros años de esta década, América Latina fue descrita como escenario de una nueva “marea rosa”. Presidentes de izquierda o centroizquierda gobernaban simultáneamente varias de las principales economías del continente y parecía consolidarse un nuevo ciclo progresista.
En 2026, aquel mapa luce considerablemente diferente. La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto y la investidura de Keiko Fujimori en Perú el 28 de julio constituyen las expresiones más recientes de una transformación que comenzó antes y que atraviesa países con historias políticas muy distintas.
Reuters describió precisamente la llegada de Fujimori al poder como una extensión del desplazamiento latinoamericano hacia la derecha y señaló entre sus motores la frustración de los votantes con el crimen, el débil crecimiento económico y la inestabilidad política.
Associated Press llegó a una conclusión similar después de analizar el comportamiento electoral regional: dirigentes conservadores y populistas de derecha han ganado terreno ofreciendo respuestas contundentes frente al crimen y la inmigración irregular, incluso en momentos en que determinados indicadores de homicidios han mejorado.
Pero reducir lo que ocurre a una simple sustitución de la izquierda por la derecha sería insuficiente. La transformación más profunda puede estar en lo que los latinoamericanos están exigiendo a sus gobiernos y una palabra aparece repetidamente: seguridad.
Del bolsillo a la calle: la inseguridad reorganiza las prioridades
La economía continúa siendo determinante para cualquier elección latinoamericana. Inflación, salarios, empleo y crecimiento siguen decidiendo votos.
Pero el crimen organizado ha adquirido una capacidad extraordinaria para alterar las prioridades políticas. Extorsiones, secuestros, narcotráfico, violencia penitenciaria, asesinatos, control territorial y expansión de organizaciones transnacionales han convertido la seguridad cotidiana en un problema central incluso en países donde las tasas generales de homicidio no necesariamente han aumentado.
AP encontró precisamente esa aparente contradicción: aunque los homicidios han disminuido regionalmente respecto de hace una década, el crecimiento de otros delitos y los aumentos particularmente graves registrados en algunos países han creado condiciones favorables para candidatos que prometen respuestas mucho más duras.
El fenómeno también tiene una dimensión psicológica. Un ciudadano no construye necesariamente su percepción de seguridad consultando estadísticas nacionales.
La construye cuando teme utilizar determinado transporte, cuando un comerciante paga extorsión, cuando una familia modifica sus rutinas o cuando imágenes de violencia criminal circulan diariamente por las redes sociales.
La percepción de pérdida de control puede tener electoralmente tanta fuerza como los indicadores objetivos y allí aparece una figura cuya influencia política supera ampliamente el tamaño de su país: Nayib Bukele.
El efecto Bukele: seguridad convertida en producto electoral
El presidente salvadoreño consiguió transformar su política de seguridad en una marca política reconocible en toda América Latina.
Su modelo —estado de excepción, encarcelamientos masivos y fuerte expansión de las facultades estatales— ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos por detenciones arbitrarias y debilitamiento de garantías fundamentales.
Pero también produjo una reducción extraordinaria de la violencia homicida en El Salvador y convirtió a Bukele en referencia para dirigentes y votantes de otros países.
AP identifica expresamente las estrategias de mano dura popularizadas por Bukele como parte del contexto que está impulsando a candidatos conservadores en la región.
Esto genera un cambio político importante. Durante años, muchos candidatos latinoamericanos centraron sus campañas en promesas de redistribución, crecimiento, empleo o ampliación de derechos sociales.
Ahora existe otro mensaje electoral extraordinariamente sencillo: “Yo puedo devolver el orden.”
No importa que las circunstancias de El Salvador sean imposibles de reproducir exactamente en Colombia, Ecuador, Perú, Chile o Brasil, la idea política ya viajó.
Colombia: el giro más simbólico
Pocos casos ilustran mejor el cambio que Colombia. Gustavo Petro se convirtió en 2022 en el primer presidente claramente identificado con la izquierda en la historia contemporánea colombiana.
Cuatro años después, el país eligió a Abelardo de la Espriella, quien llegó al poder con un discurso prácticamente opuesto en seguridad, economía y política exterior.
Su victoria fue estrecha y Colombia continúa profundamente polarizada, algo fundamental para evitar interpretaciones simplistas sobre un supuesto desplazamiento uniforme del electorado. Pero la dirección del cambio es políticamente significativa.
De la Espriella prometió endurecer la ofensiva contra los grupos armados y el narcotráfico, recuperar control territorial y abandonar negociaciones con organizaciones que continúen utilizando la violencia.
En sus primeras horas como presidente encabezó un consejo de seguridad en Cali centrado en narcotráfico y seguridad regional, mientras su administración anunciaba una cooperación estadounidense en seguridad valorada en US$1,000 millones.
Su elección es también uno de los casos estudiados por AP para explicar cómo la violencia está modificando el comportamiento político latinoamericano.
Colombia representa, por tanto, algo más que una alternancia. Es el paso, en solo cuatro años, de la “paz total” a una promesa explícita de mayor coerción estatal.
Perú: Fujimori confirma que el fenómeno atraviesa los Andes
Perú proporciona otro ejemplo, aunque con características propias. Keiko Fujimori asumió la Presidencia el 28 de julio después de imponerse en una elección extremadamente disputada.
Reuters señaló que su llegada completa una recuperación política notable y la convierte en la primera mujer elegida presidenta del Perú, al tiempo que extiende el giro conservador observado en otros países latinoamericanos.
También aquí aparecen factores conocidos: Criminalidad, crecimiento económico insuficiente., inestabilidad política. Y desgaste institucional.
Perú atravesó durante años una sucesión extraordinaria de presidentes, enfrentamientos entre Ejecutivo y Congreso y una profunda pérdida de confianza en las instituciones.
El voto conservador peruano no puede explicarse únicamente como adhesión ideológica. También contiene una demanda de estabilidad y autoridad. Ese matiz resulta esencial para comprender el nuevo ciclo: Chile, Bolivia, Honduras y Costa Rica: el mapa ya había comenzado a cambiar
Colombia y Perú no surgieron en el vacío. Un informe regional sobre los procesos electorales de 2026 señalaba ya en abril que la investidura de José Antonio Kast en Chile, la elección de Laura Fernández en Costa Rica y el fin de la era del MAS en Bolivia estaban modificando el equilibrio político regional.
En Bolivia, Rodrigo Paz asumió la Presidencia en noviembre de 2025, poniendo fin a un largo período dominado por el Movimiento al Socialismo.
En Honduras, Nasry Asfura asumió el 27 de enero de 2026 después de una elección extremadamente cerrada.
Un análisis de la Fundación Konrad Adenauer contabiliza cambios desde izquierda hacia derecha en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Honduras y Panamá desde 2022, aunque también recuerda que la región no se mueve de manera uniforme: Brasil, Colombia —hasta la elección de 2026— y Uruguay habían registrado previamente movimientos en sentido contrario.
Esa precisión importa, América Latina no vota como un solo país. Cada elección responde a circunstancias nacionales.
Pero cuando suficientes países diferentes comienzan a producir resultados similares, aparece una tendencia que merece ser analizada.
Milei añadió otro ingrediente: la ruptura con el Estado tradicional Argentina introdujo además una variante diferente.
Javier Milei no construyó su ascenso principalmente alrededor de la inseguridad, sino de una rebelión contra la inflación, el gasto público, la denominada “casta política” y un modelo económico que consideraba agotado.
Su victoria demostró que el descontento latinoamericano también puede transformarse en apoyo a proyectos radicales de reducción del Estado.
Esto amplía la explicación del giro regional. No existe una única causa. En algunos países predomina el miedo al crimen. En otros, la inflación. En otros, el rechazo a la corrupción. Y en muchos aparecen simultáneamente. Lo que comparten es el cansancio con el statu quo.
¿Es realmente un giro ideológico hacia la derecha?
Esta es probablemente la pregunta más importante. No necesariamente en todos los casos. Existe evidencia clara de que gobiernos conservadores están acumulando poder y de que candidatos de derecha han ganado elecciones importantes.
Pero eso no significa automáticamente que millones de latinoamericanos hayan experimentado una conversión ideológica permanente.
Una explicación alternativa —y complementaria— es el voto de castigo. Los ciudadanos votan contra gobiernos que consideran incapaces de solucionar sus problemas y eligen a quien representa la alternativa disponible.
Ese mecanismo explica también por qué América Latina puede moverse rápidamente de izquierda a derecha y nuevamente en sentido contrario.
La región posee electorados políticamente volátiles y sistemas partidarios debilitados en numerosos países. Por eso sería prematuro anunciar el final definitivo de la izquierda latinoamericana.
México continúa gobernado por Claudia Sheinbaum. Uruguay permanece bajo un gobierno del Frente Amplio. Brasil sigue encabezado por Lula Y las fuerzas progresistas mantienen bases electorales muy importantes en varios países.
El mapa está cambiando, no se ha vuelto uniforme, Trump encuentra una América Latina mucho más receptiva Existe además un componente externo imposible de ignorar.
La segunda presidencia de Donald Trump coincide con la aparición de varios gobiernos latinoamericanos considerablemente más próximos a Washington en seguridad, migración y economía.
AP destacó en junio una fotografía particularmente reveladora: Trump junto a los presidentes Santiago Peña, Luis Abinader, Rodrigo Paz, Nayib Bukele y Javier Milei durante la cumbre Shield of the Americas, celebrada en marzo en Florida.
La nueva Colombia de De la Espriella profundiza esa red. Perú también busca fortalecer su relación con Washington. Para Estados Unidos, el cambio ofrece una oportunidad geopolítica.
Washington compite con China por influencia sobre infraestructura, minerales críticos, puertos, telecomunicaciones e inversiones en América Latina.
Gobiernos ideológicamente más próximos pueden facilitar acuerdos de seguridad y cooperación. Pero existe un límite importante: China ya está profundamente integrada en las economías latinoamericanas.
Un presidente puede acercarse políticamente a Washington sin poder simplemente prescindir del mercado chino. La nueva derecha latinoamericana tendrá que administrar esa contradicción.
El peligro: confundir seguridad con ausencia de límites
La demanda ciudadana de seguridad es legítima. Pero precisamente porque posee tanta fuerza electoral, puede convertirse en una herramienta peligrosa.
El éxito político de estrategias de mano dura puede incentivar a dirigentes a presentar cualquier límite institucional como un obstáculo para combatir el crimen.
Ahí aparece una de las grandes preguntas del nuevo ciclo: ¿puede América Latina fortalecer la autoridad del Estado sin debilitar el Estado de derecho?
No son conceptos incompatibles. Una policía eficaz, un sistema penitenciario controlado, fiscales capaces de perseguir redes financieras, fronteras protegidas y tribunales funcionales son precisamente componentes de un Estado democrático fuerte.
El problema surge cuando la seguridad se utiliza para justificar detenciones indiscriminadas, debilitamiento judicial o concentración permanente de poder.
El verdadero examen del nuevo ciclo conservador no será únicamente reducir los delitos.
Será hacerlo sin erosionar las instituciones que esos gobiernos prometen proteger, Brasil será la gran prueba La mayor economía latinoamericana celebrará elecciones presidenciales el 4 de octubre. Lula continúa liderando frente al senador Flávio Bolsonaro, pero la distancia se ha reducido.
Una encuesta publicada el 5 de agosto mostró a Lula con 44% frente a 38% de Bolsonaro en una eventual segunda vuelta, mientras otro sondeo reciente había encontrado una carrera prácticamente empatada.
Eso convierte a Brasil en la pieza decisiva del tablero. Una victoria de la derecha consolidaría extraordinariamente el cambio político regional.
Una reelección de Lula demostraría, en cambio, que existen límites claros para interpretar los últimos resultados como una ola continental uniforme. Además, Brasil no es cualquier país.
Es la mayor economía latinoamericana, miembro fundador del Mercosur, potencia agrícola, integrante de los BRICS y uno de los principales interlocutores regionales tanto de Estados Unidos como de China.
El 4 de octubre América Latina no elegirá un presidente. Brasil sí. Pero el resultado modificará el equilibrio de todo el continente.
Tres escenarios para América Latina
Una nueva ola conservadora Si la derecha gana Brasil y los gobiernos recién instalados consiguen resultados positivos en seguridad y economía, podríamos estar ante un ciclo político comparable —en dirección contraria— a las mareas progresistas anteriores.
Un continente dividido Brasil permanece con Lula, México y Uruguay mantienen gobiernos progresistas y el resto de la región continúa fragmentado entre diferentes modelos.
Este escenario produciría una América Latina sin liderazgo ideológico dominante y con integración regional más compleja.
El péndulo vuelve a moverse Los gobiernos conservadores no consiguen solucionar inseguridad, desigualdad o bajo crecimiento y el electorado vuelve a castigar a los oficialismos en las siguientes elecciones.
La historia latinoamericana demuestra que esta posibilidad nunca debe descartarse. Más que un giro a la derecha, hay una conclusión más interesante que afirmar simplemente que América Latina gira hacia la derecha.
Lo que parece estar ocurriendo es una transformación de las condiciones bajo las cuales los latinoamericanos están dispuestos a entregar su voto.
La inseguridad pesa más, la tolerancia hacia gobiernos que no producen resultados parece reducirse.
Los partidos tradicionales tienen menos capacidad para garantizar fidelidades permanentes y dirigentes que prometen decisiones rápidas, autoridad y ruptura encuentran electorados receptivos.
Associated Press lo resume a través del vínculo entre violencia y comportamiento electoral; Reuters identifica crimen, crecimiento débil e inestabilidad entre los factores detrás de las recientes victorias conservadoras.
El tema no es entonces, no es solamente si América Latina se volvió más conservadora, es otro está el miedo a perder el control de las calles modificando lo que los ciudadanos están dispuestos a exigir —y también a tolerar— de sus democracias?
Brasil ofrecerá en octubre la siguiente gran respuesta.
